Han llegado al STEM gran cantidad de reclamaciones relativas al listening del examen de la especialidad de Inglés. Aspirantes afectados están exigiendo la anulación de la prueba.
Hay una crítica que compartimos plenamente: el sistema selectivo para el ingreso en los cuerpos de funcionarios docentes no valora la capacidad pedagógica sino que se limita a re-examinar la formación inicial adquirida en la universidad. Desde nuestra Confederación de STEs siempre hemos insistido en que el RD 276/2007, que regula los procesos selectivos, debe ser derogado y negociarse un nuevo sistema mucho más ligado a la práctica docente. El colectivo de trabajadores y trabajadoras debemos profundizar en este debate y en la elaboración de alternativas, integrándolo en la lucha general por una mejora de las condiciones laborales del sector.
Otra crítica que se ha formulado, y que creemos fundamentada, apunta a las deficiencias técnicas en la reproducción de sonido. Evidentemente, los equipos empleados no están a la altura de las exigencias de nuestro tiempo (altavoces de ordenador a los que se conectaba un Pen Drive). Numerosas aulas de los centros públicos cuentan con un sistema de audición de bastante más calidad. Hubiera sido deseable que tanto Recursos Humanos como sindicatos con representación en la Mesa Sectorial hubieran caído en la cuenta de estos detalles con anterioridad y que se hubieran proporcionado unas directrices claras a los tribunales. Con posterioridad a los exámenes es altamente improbable que se puedan modificar las cosas, máxime cuando todo opositor ha sufrido esas condiciones por igual. Por su parte, la denuncia de que se aumentó la velocidad de reproducción del audio es muy difícil de acreditar.
Una reclamación en la que insisten muchos aspirantes se refiere al contenido de las preguntas y al nivel de dominio del Inglés que exigía la resolución de ese listening. Este punto está mucho más sujeto a debate. Las oposiciones son mucho más un proceso de eliminación que un proceso de selección, y en ellas se compite para demostrar que se tiene un nivel de conocimientos muy superior al necesario para impartir clase. Un sistema selectivo basado en pruebas eliminatorias, con un gran número de aspirantes por tribunal y con un tiempo muy limitado para su resolución, tiene todos los condicionantes que convierten la prueba práctica en un filtro insalvable para un alto porcentaje de los participantes. Durante el curso 2016-2017, la Mesa Sectorial de Educación estuvo negociando las condiciones de acceso. Por una elemental salud democrática, sería muy conveniente que las personas que ahora se sienten agraviadas interpelasen a las distintas organizaciones sindicales acerca de qué posiciones mantuvieron entonces, porque allí se estaban sentando las bases de lo que ahora aflora.
No podemos ocultar que la jurisprudencia es abrumadoramente contraria a la pretensión del colectivo afectado. Son contados los casos en que se ha anulado una prueba (lo ocurrido con el examen de Pedagogía Terapéutica el pasado sábado en Sevilla parte de un posicionamiento de los propios tribunales, que ha llevado a esa Consejería a actuar de oficio). Sí creemos imprescindible que la Administración tome buena nota de estas deficiencias, porque las denuncias, errores e indignación se repiten uno y otro verano…
Las premisas sobre las que se asienta este sistema de ingreso en la función pública docente se han convertido en una terrible maquinaria para generar frustración. Frustración, en primer lugar, para el personal funcionario interino, que para alcanzar esa condición ya ha tenido que superar procesos de selección; que lleva años desarrollando su trabajo, se supone que con un rendimiento satisfactorio en la medida que no ha sido expedientado; al cual se ve obligado a reexaminarse cada dos años y debe jugarse su empleo en una auténtica lotería. Frustración también para las personas recién tituladas, a las que se pone la miel en los labios con ofertas de empleo masivas, con la perspectiva de un trabajo estable y regulado, pero a las que se oculta que, mientras no se consolide en la función pública a todo el colectivo precario, se encontrarán frente a un tapón imposible de superar.
Cuando se firmó en la Mesa General de la Administración el Acuerdo para la Mejora del Empleo, nuestra Confederación de STEs ya recalcó las limitaciones que encerraba y los problemas que podía generar. Las convocatorias masivas no sólo no han conseguido limitar la temporalidad en el seno de la enseñanza pública – paradójicamente, su porcentaje está aumentando-, ni consolidar a los trabajadores interinos. Sólo han servido para maquillar unas políticas muy lesivas para los servicios públicos. Desde STEM, pensamos que era antes de firmar tal acuerdo cuando había que fijarse en la letra pequeña y era una buena ocasión para presionar en favor de un cambio del sistema de acceso. Cualquier crítica a posteriori debería llevar aparejada una autocrítica por parte de quienes lo suscribieron.
La conjunción de todos estos elementos nos ha llevado hasta donde estamos. Quien afirme que ésto se puede remover con facilidad, se engaña.
PS. Grupos de afectados nos comunican que hoy, jueves 27 de junio, a las 16 horas, se van a concentrar ante la Consejería de Educación para protestar y exigir la anulación de la convocatoria