Ante la posibilidad de que los centros de lo que genéricamente conocemos como Educación Especial retomen la actividad presencial antes del verano, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Madrid (STEM) manifiesta su total oposición a esta medida, así como su solidaridad con un colectivo de grandes profesionales a menudo ignorados por los medios e infravalorados socialmente.
El anuncio de la apertura de los centros de Educación Especial, así como de aquellos que se encuentran bajo la gestión de Asuntos Sociales, mientras se mantienen las medidas de distanciamiento físico, pone de manifiesto el gran desconocimiento que existe sobre este sector.
Indudablemente, somos conscientes de la problemática que están sufriendo las familias de los usuarios y alumnado de estos centros por el confinamiento, y de que incluso esta se verá agravada cuando tengan que compatibilizar esta situación con la reincorporación al trabajo. No obstante, tenemos que insistir en que los centros educativos no son un mero comodín para la conciliación; es necesario que esta se asuma desde la perspectiva laboral, siempre, pero aún más en estos momentos en que el control de los contagios debe ser la prioridad.
La población que asiste a los centros de atención a la discapacidad, tanto a los más asistenciales (atención temprana, centros de día y ocupacionales), como a los que responden a un perfil más educativo (Centros de Educación Especial) presenta unas características cognitivas y conductuales incompatibles con el distanciamiento social e incluso con el uso de los sistemas de protección individual, tanto para el alumnado y usuarios como para los profesionales. Estamos hablando de personas que necesitan apoyos extensos y generalizados a lo largo de toda la jornada y especialmente en situaciones de control de esfínteres, aseo, desplazamientos, alimentación o crisis de conducta… Sin olvidar que son población de riesgo con patologías y problemas de salud mental asociados.
Por otra parte, la propia utilización de los sistemas de protección individual necesarios en este contexto (guantes, mascarillas, gafas y EPIs) sería un posible generador de problemas conductuales, al tratarse de elementos extraños y en ocasiones aversivos, que generarían rechazo e incluso conductas disruptivas entre parte de los usuarios y alumnado de estos centros. La utilización de estos elementos requeriría un tratamiento previo y una introducción paulatina, pero en todo caso, se trata de elementos difíciles de utilizar en estos entornos.
Si la apertura de los centros fuese finalmente obligatoria, los profesionales necesitaríamos:
– Unos protocolos detallados y realistas de intervención, que se ajusten a las características de nuestros centros, elaborados, tal como establece la ley, con la participación de los representantes de los trabajadores y trabajadoras del sector: comités de empresa, delegados de prevención y/o comités de seguridad y salud.
– Tests y control de contagios para profesionales y usuarios.
– Incorporación paulatina y bajo el criterio de los profesionales.
– Equipos de alta protección individual (a pesar de las dificultades de utilización que prevemos) más allá de guantes y mascarillas, al existir riesgo de contaminación de los ojos a partir de salpicaduras o gotas de sangre, fluidos del cuerpo, secreciones, excreciones…
– Eliminar los servicios de comedor y ruta.
– Aumentar el número de profesionales para hacer frente a situaciones de mayor riesgo como el control de esfínteres y las crisis conductuales.
– Apoyo de personal sanitario.
– Una desinfección permanente de instalaciones y materiales.
– Facilidades para la conciliación familiar de los propios profesionales.
No obstante, creemos que no se debería iniciar la actividad presencial hasta que las medidas de protección individual y el distanciamiento social no dejen de ser obligatorios.
Esperamos que las condiciones especiales de nuestro colectivo sean tenidas en cuenta y antes de la reapertura de los centros se elaboren protocolos detallados con el tiempo suficiente para que los centros se adapten a ellos, y se faciliten las ayudas necesarias.
Por último, tenemos que recordar que las residencias y pisos tutelados para personas con discapacidad han seguido abiertos durante todo este tiempo. Estos centros han sido los grandes olvidados en esta crisis. Su personal, lejos de los focos de los medios, ha tenido que trabajar en un entorno con una incidencia de la enfermedad equivalente a la de las residencias de la tercera edad, con altísimas tasas de contagios tanto entre los usuarios como entre el propio personal, que ha tenido que solucionar los imprevistos sin los apoyos materiales y humanos necesarios, con gran profesionalidad y a costa de su salud. Creemos que estos trabajadores y trabajadoras merecen una especial atención, y que esta crisis sirva para que su trabajo se reconozca socialmente y se dignifiquen sus condiciones de trabajo<