Al final de la semana que acaba de terminar causaba cierto revuelo la publicación de una noticia según la cual el Consejo Escolar de un centro concertado había establecido como punto extra en el proceso de admisión para el curso 2022/2023 el criterio de que la familia del alumno o alumna aspirante pudiera demostrar haber aportado al menos 1800 euros a ONGs en el último ejercicio fiscal.
Ante una denuncia individual de un ciudadano, la Consejería de Educación emitió una resolución en la que señalaba que el criterio aplicado por el colegio va contra dos leyes orgánicas (el artículo 6.1 de la LODE que establece la igualdad entre todo el alumnado y varios de la LOMLOE en la misma línea) y dos decretos de desarrollo, “pudiendo suponer una clara discriminación por motivos socioecónomicos y, por lo tanto, impedir el acceso en condiciones de igualdad y, consecuentemente, no garantizar la libertad de elección de centro educativo a las familias”. Pero la resolución fue emitida con el plazo de admisión prácticamente cerrado, por lo que previsiblemente sus efectos prácticos serán nulos.
Muchas empresas de la educación privada subvencionada echarían el cierre solo con que hubiera un gobierno que les obligara a cumplir la ley, por ejemplo en lo referente a las cuotas “voluntarias”. Lejos de ser algo anecdótico, esta práctica es una forma de selección de alumnado muy eficaz y muy extendida en estos centros, que por estar sostenidos con fondos públicos, incurren en ilegalidad sin que hasta ahora se hayan tomado medidas para evitarlo. Estamos seguros de que la elección de criterios discriminatorios para otorgar el punto extra en el proceso de admisión en centros concertados es también algo generalizado que la administración consiente.
Pero mientras tanto nos enfrentamos a un hecho si cabe más lamentable: que desde determinados centros públicos se apliquen criterios igualmente discriminatorios para otorgar el punto extra, contribuyendo a alimentar dinámicas segregadoras dentro de la propia red pública. Sospechamos que mientras no haya una regulación estricta de los criterios en base a los cuales los centros sostenidos con fondos públicos pueden otorgar ese punto extra (regulación que evite la discriminación), o mientras no se elimine para todos la posibilidad de otorgar el punto, estas situaciones se seguirán produciendo.
Mientras no se produzcan los cambios necesarios para revertir la política de conciertos, decidir sobre el cierre o integración en la red pública de muchos de estos centros y extender la educación pública, convendría no olvidar para qué queremos educación pública.