Poco antes de ser cesada, la ex ministra Celaá, tenía en pie de guerra a la patronal de la educación privada con manifestaciones en todo el país. Los enemigos de lo público la veían como una amenaza para sus cuentas de resultados. La gota que colmó el vaso, fue el borrador de modificación de Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros. Con el fin de desarrollar la disposición adicional tercera de la LOMLOE y su artículo 15, que se refieren a la extensión del primer ciclo de infantil, se presentó en el CEE –Consejo Escolar del Estado- una norma que exigía: 2 metros cuadrados por puesto escolar; sala polivalente de 36 metros cuadrados y un patio de 150; un aseo por aula y ducha; más bajar la ratio en infantil de 2 y 3 años. La patronal entró en pánico.
Cuando Pilar Alegría fue nombrada Ministra, lo primero que hizo fue retirar ese borrador del CEE; nadie pensaba que la universalización del primer ciclo de infantil y su gratuidad, finalmente se llevaría a cabo mediante unos acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación que permitieran financiar a terceros a través de convenios o ayudas; es decir, con unas maniobras privatizadoras impropias de un gobierno progresista. Ahora que un nuevo borrador de aquel Real Decreto 132/2010 pasa a negociarse, no hay rastro de disminución de ratios ni de regulación del primer ciclo de infantil, pero sí una clara voluntad de colaboración público-privada, un eufemismo para justificar la mercantilización de la educación.
El Real Decreto 659/2023 se aprobó muy recientemente, llevaba aparejado una movilización presupuestaria cuyo montante ascendía a 2.075 millones de euros en 3 años, y activó el interés de quienes se arrogan la titularidad de interlocutores sociales e incluso de fondos de inversión que compraron academias privadas. Ahora viene a reformarse, pero antes de pasar por Mesa Sectorial del Ministerio de Educación, hace unos meses hizo lo propio por el CEE, y en su valoración decía: “con la modificación llevada a cabo en el Real Decreto 659/2023 es prácticamente suprimida la gratuidad de los cursos de acceso a la formación profesional de grado medio y grado superior cuando sean impartidos por centros privados y por administraciones locales. Teniendo en cuenta que se mantiene la gratuidad en algún caso y considerando el alumnado en situación de vulnerabilidad al que pudieran ir dirigidos estos cursos de acceso, se sugiere reconsiderar la supresión de la gratuidad de los mismos, que se produce con las modificaciones introducidas por el proyecto”.
Es claro que, la red privada ha visto un nicho de mercado y cuenta con el apoyo de las administraciones regionales, y ahora en este caso, con la del propio Ministerio. En la última década, el alumnado de grado medio en centros privados ha aumentado un 81% por un 16% de la pública; en los grados superiores el 205% frente al 36%. La oferta pública por su parte, está en retroceso y se muestra incapaz de absorber la demanda en ciclos relacionados con la Sanidad, Informática y Comunicaciones, a pesar de ser muy demandados.
Para cerrar el círculo, se aprovecha la modificación de estos reales decretos para dejar sin efecto en la FP lo regulado en Real Decreto 1560/1995, donde se regula la figura –en alza- del profesorado especialista, ahora llamado “experto en el sector productivo”, que no tiene requisito universitario ni preparación didáctica. Con el paso de los años la propia administración ha venido incumpliéndolo, ya que no se podía contratar a una persona especialista sin titulación más de 3 años, y ¿cómo soluciona esta circunstancia el Ministerio? Eliminando la norma, ahora queda desregulada su contratación, para potenciar esta figura. Pilar Alegría, no es Celaá.
Madrid, 12 de junio de 2024.
