“No es cierto que el nuevo modelo de formación haya suscitado el consenso de la comunidad educativa puesto que STEs -modelo sindical mayoritario en el país, con amplia mayoría en el sector docente no universitario- ya votó en contra en el Consejo Escolar del Estado y presentó un voto particular contra el Dictamen de la Comisión Permanente cuando se debatió la Ley Orgánica 3/2022 de FP, que ahora desarrolla esta nueva normativa con pocos, aunque importantes matices.
Advertíamos entonces que mostraba una clara voluntad de externalización y desregulación de una gran parte del currículo; el tiempo nos dio la razón puesto que nada más aprobarse, fondos de inversión extranjeros aprovecharon la oportunidad de negocio ante la escalada de demanda y escasez de plazas públicas, comprando redes de academias privadas que impartían FP.
Dijimos que la ley orgánica era un traje a medida para los autodenominados “interlocutores sociales” con objeto de repartir los fondos europeos NEXT GENERATION y el mantenimiento de la paz social. En el documento que nos ocupa, se sigue hablando de colaboración público-privada, se cita hasta en 11 veces organizaciones “más representativas” e impone unos criterios draconianos para ocupar las 19 vocalías del grupo segundo donde se representan las organizaciones sindicales del Consejo General de la FP; ocurriendo luego que algunos de estos sindicatos no tienen representación en muchos territorios porque el profesorado no les vota, pero siguen tomando las decisiones importantes en los Consejos regionales.”
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