Sobre la falta de información acerca de la situación sanitaria en los centros educativos
Desde el inicio del curso, hemos recibido numerosas quejas de nuestra afiliación, y en nuestras visitas a los centros, acerca de la dificultad para acceder a los datos de positivos por COVID-19, tanto entre el profesorado y el personal no docente como entre el alumnado.
Sin perjuicio de la necesaria protección de los datos personales, ha faltado una información cuantitativa actualizada que permita comparar estadísticamente la incidencia de COVID-19 en cada centro con la de los centros cercanos, y a nivel de distrito o municipio. Esto permitiría ajustar los protocolos de los centros a la situación concreta, extremando en su caso las medidas de seguridad.
Así lo expresamos ya el 3 de noviembre en una resolución de la Junta de Personal Oeste aprobada por unanimidad con el resto de fuerzas sindicales, en los siguientes términos:
Esta JPD observa con especial preocupación la ausencia de información acerca de los docentes infectados realmente por COVID-19 en los centros educativos y la falta de rastreo de sus contactos dentro del centro de trabajo. […] Por ello, esta Junta de Personal Docente exige a la Dirección de esta Área Territorial que se lleve a cabo una política de transparencia, comunicando los casos positivos a los centros, a los docentes afectados y realizando los rastreos que sean necesarios para garantizar la salud y seguridad de la comunidad educativa y del profesorado a quien representamos.
Finalizado el segundo trimestre, seguimos constatando la misma opacidad. La Comunidad de Madrid, a diferencia de otras Comunidades Autónomas, no aporta estos datos.
A esta administración se le llena la boca hablando de eficacia y excelencia, pero basta echar un vistazo a las medidas adoptadas por otras administraciones para darse cuenta de que en lo que sí es eficaz nuestro Gobierno regional es en entorpecer la labor de los centros educativos, y de los servicios públicos en general, con su política low cost. Política low cost en todo aquello que interesa al bien común, porque si hay que pagar sobrecostes a grandes constructoras por proyectos faraónicos, no escatiman (véase los 50 millones para la construcción de una infraestructura innecesaria como el Hospital Isabel Zendal y los 50 millones adicionales en sobrecostes).
La precariedad de medios en la que están sumidos la educación, la sanidad y otros servicios públicos, también afecta al funcionamiento de la propia Administración. El resultado son las continuas quejas que seguimos recibiendo de nuestros compañeros y compañeras en lo referente la dificultad para contactar telefónicamente con las Direcciones de Área, o las múltiples incidencias que se dan en la tramitación telemática, que ha hecho por ejemplo que la prórroga de los plazos de las distintas convocatorias se convierta en algo habitual. Bien saben los numerosos docentes que vienen a trabajar a Madrid desde otros territorios, acostumbrados a realizar gestiones con sus respectivas Consejerías, que en cuanto a eficiencia, desde la Administración madrileña, “lecciones, las justas”.
Pero otra consecuencia de esta política low cost es la falta de transparencia. Y en lo que se refiere al tema que nos ocupa, basta con echar un vistazo a la herramienta del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña que permite el acceso a los datos sobre COVID-19 de todos centros educativos [Datos sobre la covid-19 en los centros educativos (gencat.cat)].
Esta herramienta permite acceder a toda la información de aulas confinadas, centros cerrados, positivos por COVID-19 entre el personal de los centros y entre el alumnado a nivel autonómico, comarcal, municipal, y por centros, así como el total de casos acumulados, en términos absolutos y en porcentaje. Es muy recomendable echarle un vistazo para darse cuenta de lo que es una información completa, transparente y accesible. Pero al hacerlo es inevitable (e indignante) constatar la arrogancia y la desconsideración de la Administración madrileña hacia la ciudadanía en general y hacia los docentes, alumnado y familias de los centros educativos en particular. Parece ser que no nos consideran dignos de la transparencia que otras administraciones practican. Parece ser que ese gasto también es prescindible.
No es de extrañar tratándose de la primera Comunidad Autónoma que ha reanudado su agenda de recortes en plena pandemia: primero con la supresión del cupo de profesorado de Refuerzo COVID a finales de diciembre, y más recientemente con el anuncio de la vuelta a las ratios pre-COVID y la supresión de unidades, cuando afrontamos la cuarta ola. Seguimos sin tener muy claro si esta mala gestión se debe más a la incapacidad de nuestros gobernantes o a un afán muy calculado por desprestigiar los servicios públicos (incluyendo los propios servicios administrativos de la Comunidad de Madrid) y abrir la vía para su privatización.
Frente al narcisismo histriónico que parece guiar las decisiones de la Señora Ayuso (muy en la línea de su mentora Esperanza Aguirre), pedimos seriedad. Frente al victimismo con el que esta Administración trata de tapar sus muchas vergüenzas, les exigimos responsabilidad. Frente a las frecuentes faltas de consideración hacia otras administraciones, apelando cínicamente a una supuesta defensa de los intereses de los madrileños, seguiremos exigiendo que gestionen el dinero público de forma eficaz para mantener unos servicios públicos de calidad, y ahí debemos incluir la transparencia en la gestión.
Y por qué no, si respecto a esto último el Consejero Ossorio tiene alguna duda, queremos recomendarle que mientras siga en su cargo aproveche para hacerle alguna consulta discreta a su homólogo catalán… por el bien de los madrileños, claro está.