Los funcionarios y funcionarias de carrera estamos asignados a un régimen especial de Seguridad Social, MUFACE, con una caja propia y un sistema de cotización y servicios distintos a los del Régimen General. Entre las particularidades de MUFACE se encuentra la posibilidad de escoger entre las prestaciones médicas del Sistema Nacional de Salud (INSS) o las de una serie de entidades médicas privadas.
Desde hace años, en STEM, animamos a las personas afiliadas y simpatizantes a que escojan la opción de la sanidad pública. Para esto, se abrían hasta ahora dos periodos todos los años: durante el mes de enero y durante el mes de junio. A partir de ahora, esta posibilidad se ha restringido al mes de enero.
Porque es preciso detener la privatización de servicios esenciales: El último convenio firmado entre el Gobierno y Asisa, Segurcaixa-Adeslas y DKV, va a suponer la transferencia de 3.571 millones de euros a estas sociedades durante el periodo 2022-2024 (1.190 millones de euros anuales). Esto supone 64 millones anuales más que en el anterior convenio, suscrito para el periodo 2020-2021 (en el que ya se había incrementado la aportación anual en 32 millones anuales respecto al convenio de 2018-2019). [ver enlace] Convenio tras convenio, el Gobierno aumenta las dádivas a las empresas de la sanidad privada, que piden cada vez más recursos bajo la amenaza de que no podrán mantener la cartera de servicios que ofrecen a los funcionarios y funcionarias. Este dinero, que a fin de cuentas se utiliza para garantizar una suculenta cartera de clientes y mejorar la cuenta de resultados de estas empresas, es una cantidad que se detrae del sistema público, contribuyendo a deteriorar lo que es de todos y todas.
Por calidad: es del dominio público que, ante una dolencia grave, la plena garantía de que no se van a escatimar pruebas y tratamientos en aras del beneficio empresarial solo la da el Sistema Nacional de Salud. Por otra parte, las sociedades concertadas han restringido servicios a medida que tenían que atender a más usuarios y la media de edad de los mismos se elevaba. Recordemos que, en 2015, Adeslas y Asisa suprimieron sus servicios de oncología y radioterapia, cardiología o neurología, dejando sin tratamiento a muchos mutualistas. [ver enlace]
Por coherencia: si defendemos, como trabajadores y trabajadoras, los servicios públicos, deberíamos defenderlos también como usuarios. Las redes privadas son, ante todo, un factor de desclasamiento. El principal reclamo a sus consumidores es el sentimiento de diferenciación. Las empleadas y empleados públicos, por mucho que nos quieran convencer de otra cosa, no dejamos de ser clase trabajadora.
Analizando la respuesta que se ha dado en nuestro país, y específicamente en la Comunidad de Madrid, a la situación sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, podemos extraer dos lecciones muy importantes:
– La capacidad de respuesta de la sanidad privada ha sido muy limitada. Han sido los centros públicos de referencia y sus profesionales los que han absorbido el grueso de la atención sanitaria durante los peores momentos de la pandemia.
– Del fortalecimiento del sistema sanitario público dependerá nuestra capacidad de respuesta ante futuras situaciones de emergencia sanitaria. Difícilmente encontraremos ejemplos más claros que los que hemos vivido en estos tiempos de los males del individualismo y los sentimientos de diferenciación llevados al extremo. Ante retos que afectan a toda la sociedad, solo vale una respuesta global, coordinada y solidaria, y un sistema sanitario público fuerte es la mejor garantía de que la sociedad en su conjunto saldrá adelante en las mejores condiciones.
Las políticas privatizadoras de la derecha neoliberal madrileña priman el beneficio empresarial frente a la salud pública, pero también frente al ahorro y la eficiencia, ya que, a pesar de que las condiciones laborales y salariales del personal sanitario de la red privada son peores (lo cual, lógicamente, influye en la calidad del servicio), los tratamientos en la sanidad privada le salen más caros al contribuyente. [ver enlace]. Nuestro Gobierno regional, lejos de gestionar la crisis sanitaria desde criterios de eficiencia y equidad, aprovechó y aprovechará hasta donde pueda la situación para intensificar su agenda radical neoliberal, poniendo en manos de empresas de la sanidad privada y de grandes empresas constructoras suculentos contratos e ingentes partidas de dinero público.
La evolución lógica de estas políticas neoliberales nos llevaría a la situación de Estados Unidos, donde todo trabajador asalariado suscribe un seguro médico privado y el sistema sanitario público se encuentra en una situación tan precaria que, eliminada la opción de acogerse a una sanidad pública fuerte y bien financiada, las aseguradoras privadas campan a sus anchas, imponiendo a sus clientes cláusulas abusivas y copagos inasumibles y, obligando a miles y miles de personas a elegir entre hipotecarse o morirse. No nos cabe ninguna duda de que si seguimos ese camino, cuando finalmente todo sea privado, acabaremos siendo privados de todo.
Cabe plantearse qué podemos hacer, como ciudadanos y como empleadas y empleados públicos, más allá del voto cada cuatro años. De entrada, al elegir como entidad médica el INSS ya hacemos algo muy importante: reducimos la desviación de recursos a la sanidad privada, ya que el dinero asignado a estas compañías depende del número de mutualistas que las eligen.
Según datos ofrecidos por el Gobierno, el porcentaje de mutualistas del régimen de MUFACE que eligen la sanidad pública, tras el cierre del último periodo para el cambio de entidad médica (julio de 2021), es del 25,1% frente al 17,7% de hace una década. Este dato tiene aún más valor si tenemos en cuenta la indisimulada apología de la asistencia sanitaria privada que hacen los responsables de MUFACE (siempre con el aval de los responsables de Función Pública del Gobierno de turno), como se puede comprobar, una vez más, leyendo el correo que hemos recibido recientemente los mutualistas. Además, debemos añadir que no hemos encontrado una justificación razonable (mejor dicho, de ningún tipo) para haber restringido el periodo para el cambio de entidad a enero cuando hasta ahora se podía solicitar también en junio, pero vista la poca neutralidad de los gestores de MUFACE (con el aval del Gobierno), nos lo podemos imaginar.
Desde STEM, deseamos que el porcentaje de mutualistas que eligen sanidad pública siga creciendo, y animamos a todos los funcionarios y funcionarias a secundar este acto de coherencia, de modo que como colectivo seamos capaces de transmitir un mensaje claro a favor de la sanidad pública y sus profesionales.
Durante este mes de enero, es posible solicitar el cambio de entidad por las siguientes vías:
1. A través de la Sede Electrónica de MUFACE [enlace], utilizando los medios de acceso proporcionados por la plataforma Cl@ve (certificado digital, DNI electrónico, Cl@ve Permanente o Cl@ve PIN).
2. Por correo postal, descargando y enviando el Modelo de Solicitud Cambio_de_Entidad, cumplimentado y firmado, al Servicio Provincial correspondiente. [enlace]
