Recientemente hemos tenido conocimiento de la intención de crear una Escuela Europea Acreditada en el complejo del CEIP y el IES Ramiro de Maeztu. Como se denuncia desde la Asamblea de Docentes de este centro, el proceso se ha llevado a cabo sin ningún tipo de consulta a la comunidad educativa, y la información ofrecida no resulta esclarecedora en aspectos muy relevantes.
En su origen, este tipo de Escuela nació en Luxemburgo en el año 1953 a iniciativa de un grupo de funcionarios europeos y reunía a alumnado de diferentes nacionalidades e idiomas. La Unión Europea fue creando nuevas escuelas en distintos países. En España ya tenemos una, en concreto en Alicante, que a diferencia de la que se pretende abrir en el Ramiro de Maeztu, cuenta con sus propias instalaciones.
Las Escuelas Europeas (Schola Europaea) son establecimientos educativos oficiales controlados en común por los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea. En todos estos países, son considerados legalmente como instituciones públicas. Lo cierto es que se financian con fondos públicos, pero funcionan en base a un convenio propio que reconoce, por ejemplo la existencia de un Consejo de Administración y un Comité de Personal, al estilo de los centros privados.
Hemos podido comprobar que se licitó y se concedió a mediados de febrero la creación de 6 aulas de Primaria y la adecuación de espacios interiores y exteriores para la incorporación a este programa del Ramiro de Maeztu.
Desde la Asamblea de Docentes del centro se comenta que, según las noticias recibidas hasta el momento, hablaríamos de dos líneas que se extenderían progresivamente en el IES y en el CEIP, lo que supondría un incremento de 3 a 5 líneas en el CEIP y un incremento de al menos doce grupos en el IES. Se ha trasladado que las nuevas enseñanzas supondrán la ampliación de líneas, y que no se implantarán a costa de las unidades de enseñanza pública actuales. No obstante, no queda nada claro si el centro dispone de espacios suficientes para absorber este incremento de líneas.
Por eso, desde la Asamblea de Docentes insisten en que para que la implantación de estas enseñanzas en las condiciones citadas no afecte a las unidades de modalidad ordinaria que actualmente se imparten, sería necesaria una inversión muy significativa para ampliar las instalaciones del instituto y del colegio, y denuncian que a día de hoy no hay constancia de un plan realista para la ampliación de estos espacios con su preceptiva memoria.
Consideran, por tanto, que no se debería iniciar este proceso, pues tienen fundadas sospechas de que pueda desembocar en supresión de unidades de modalidad ordinaria a medida que se extiendan los nuevos estudios. Todo ello en un distrito, el de Chamartín, que sólo cuenta con dos institutos públicos, donde un recorte de unidades dejaría la escuela pública al borde de la desaparición, al afectar no sólo al Ramiro de Maeztu sino a los colegios públicos adscritos a este centro.
Por último, estos docentes señalan las grandes contradicciones que ven en las políticas de la Consejería, que frente a las muchas necesidades que tiene la educación pública madrileña, se gasta el dinero de todos en financiar una educación diferenciada y dirigida a un sector de la población con unas características muy específicas entre las que destaca su alto poder adquisitivo.
La Comunidad de Madrid ha manifestado recientemente no disponer de la capacidad económica para acometer la bajada de horario lectivo demandada por el profesorado. No digamos ya una moratoria en la supresión de unidades que permita en las zonas que presentan una caída de la natalidad una bajada de ratios adicional para una mejor atención educativa al alumnado. Sin embargo, se garantiza a los grupos de esta Escuela Europea Acreditada unas ratios máximas de 15 alumnos por aula. Eso sí… los criterios de admisión contemplan la posibilidad de “repartir las sobras”, es decir, admitir a otros alumnos y alumnas en estos grupos “si quedan plazas”.
Nuestras dudas ante el anuncio de creación de esta nueva escuela:
- ¿Por qué no se ha consultado al Claustro de profesores y profesoras y a la comunidad educativa en general, planteándose esta medida como un hecho consumado?
Posiblemente porque de haberse planteado como una consulta, la respuesta desde todos los sectores de la comunidad educativa habría sido “no”, teniendo en cuenta varias cuestiones: Que parece haber sobrados motivos para desconfiar de los efectos sobre la plantilla de profesorado del centro, no descartándose supresiones o desplazamientos. Que no se garantiza que no se vaya a producir una merma en las plazas que pueda ofrecer el centro en los próximos años por cierres de unidades para dejar hueco a las aulas de la Escuela Europea Acreditada. Que no queda nada claro que no se vayan a perder espacios de uso común para habilitar nuevas aulas…
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¿Qué opinamos de la creación de este tipo de escuelas en centros públicos?
Empezaremos con unas preguntas: ¿No hay otras prioridades presupuestarias? ¿Por qué se premia con aulas diferenciadas con ratios menores en centros públicos a alumnado de familias ya de por sí muy favorecidas? ¿Por qué no se dan las mismas condiciones de ratio y de recursos humanos y materiales para el resto de alumnado de la escuela pública?
No reconocemos el carácter público de estas enseñanzas. Reservar espacios en centros públicos para un alumnado perteneciente a un ámbito muy concreto, claramente privilegiado, es una privatización con todas las letras: estamos, pues, ante la privatización del Ramiro de Maeztu. Menos grave nos parecería que se construyera un edificio propio para esta Escuela Europea, pero en todo caso, al igual que estamos en contra del desvío de fondos públicos a las empresas de la educación privada, creemos que la construcción de esta escuela no debería financiarse con fondos de la Consejería de Educación.
Estas escuelas dicen basarse en un modelo “multicultural, para la convivencia y el respeto”, principios estos más acordes con la escuela pública que con el modelo que ofrecen tanto la mayoría de las empresas de la educación privada como el propio programa de Escuelas Europeas, por su carácter elitista. De hecho, estamos de acuerdo en que la escuela pública debe acoger alumnado de toda condición social, y esto debería incluir a alumnado de los sectores más privilegiados de la sociedad. Lo que no aceptamos es que dentro de los centros públicos se creen guetos para alumnado aventajado, con más recursos y mejor atención que el resto del alumnado.
Por eso, entendemos que la salida a esta situación debería pasar por que las familias de este alumnado que estén interesadas en matricular a sus hijos e hijas en el Ramiro de Maeztu participen en los procesos ordinarios de admisión. Qué mejor forma de aprender convivencia y respeto que mezclándose con un alumnado diverso, representativo de la sociedad en la que van a vivir cuando crezcan… eso sí, lo verdaderamente respetuoso es que lo hagan en igualdad de condiciones: en las aulas de no menos de 22, 25, 30 o incluso 35 alumnos (según etapas y niveles) en las que estudia el resto, eso sí, de la mano de los grandes profesionales de la pública que pueden encontrar no sólo en Chamartín, sino en San Blas, Villaverde, Vallecas, Usera… o cualquiera de las ciudades o pueblos de la periferia, donde también les animamos a matricular a sus hijos e hijas.
En resumen, la intención de la Consejería de reservar espacios en centros públicos para grupos reducidos de alumnado de un determinado perfil es privatización, y es inaceptable. Y la construcción con fondos públicos de una Escuela Europea con edificio propio sólo tendría un pase si al menos se garantizase, como hemos comentado anteriormente, una moratoria en la supresión de unidades (y la reapertura de las que hayan sido cerradas en los últimos años) para una reducción de ratios a 12-15 allí donde fuera posible… pero no sólo para unos pocos elegidos.
Madrid, 31 de mayo de 2024.