Por mucho que se proclame la supuesta recuperación económica, la Administración autonómica del PP consolida o profundiza en sus políticas de recortes educativos.
Esta vez le ha tocado a los Distritos de Carabanchel y La Latina.
A pesar de que el CEIP Isaac Peral registra una demanda de plazas superior a la que puede atender, a este centro se le van a suprimir 3 unidades de Infantil.
Por su parte, al CEIP República de Uruguay, colegio que está atendiendo a un alumnado de clases trabajadoras con un proyecto educativo que encuentra gran acogida, se le suprime una unidad de tres años. Como es habitual, no se contempla, ni por asomo, la opción de reducir las ratios y proporcionar apoyos que serían esenciales para atender al alumnado en su diversidad.
Ambos han recibido presiones para acoger los programas de enseñanza bilingüe; su oposición les puede valer situarse en el blanco de esta ofensiva. Un hecho más por el que creemos que estos programas deben ser desmantelados.
No hay voluntad de revertir las agresiones que viene sufriendo la escuela pública durante la última década, y ese hecho no puede maquillarlo la firma del reciente Acuerdo Sectorial. No se han recuperado las plantillas que teníamos anteriormente, que ya resultaban de por sí insuficientes; no se disminuyen las ratios; no se abrevia el tiempo de demora para cubrir las sustituciones; no se llevan a cabo a tiempo, allá donde son necesarias, las obras de edificación y mantenimiento de los centros; por su parte, el profesorado interino, destinado a ser la primera pieza sacrificable en aras de la reducción del Estado, no cuenta con la salvaguardia de un Pacto de Estabilidad equiparable a los de otros territorios…
Las políticas de degradación y reducción de lo público no responden a los vaivenes de la economía, sino a la intención de favorecer el florecimiento de negocios privados (lo que se ha venido a llamar acumulación por desposesión), a costa de empeorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras (se les priva de formas de salario indirecto y, a la vez, se impide su acceso a saberes que les permita defenderse mejor).
La vía para resistirse a todo ello la conocemos de sobra: la lucha de trabajadores, junto con los otros integrantes de la comunidad educativa, por una escuela pública, laica, democrática y de calidad. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Madrid seguirá abogando por que se convoquen asambleas unitarias en los centros y que se recupere la Asamblea Provincial de profesorado como elementos para impulsar una movilización que sigue siendo muy necesaria.