Los funcionarios y funcionarias de carrera estamos asignados a un régimen especial de Seguridad Social, MUFACE, con una caja propia y un sistema de cotización y servicios distintos a los del Régimen General. Entre las particularidades de MUFACE se encuentra la posibilidad de escoger entre las prestaciones médicas del Sistema Nacional de Salud (INSS) o las de una serie de entidades médicas concertadas.
Desde hace años, en STEM, animamos a las personas afiliadas y simpatizantes a que escojan la opción de la sanidad pública, para lo cual se abren dos periodos todos los años: durante el mes de enero y durante el mes de junio.
Porque es preciso detener la privatización de servicios esenciales: los convenios suponen a día de hoy la transferencia de 2.255 millones de euros anuales a sociedades sanitarias privadas, 64 millones más que en el anterior convenio, suscrito para el periodo 2018-2019. [ver enlace] Este dinero, que se utiliza para garantizar una cartera de clientes y mejorar la cuenta de resultados de estas empresas, es una cantidad que se detrae del sistema público, contribuyendo a deteriorar el servicio de todos.
Por calidad: es del dominio público que, ante una dolencia grave, la plena garantía de que no se van a escatimar pruebas y tratamientos en aras del beneficio empresarial solo la da el Sistema Nacional de Salud. Por otra parte, las sociedades concertadas han restringido servicios a medida que tenían que atender a más usuarios y la media de edad de los mismos se elevaba. Recordemos que, en 2015, ADESLAS y ASISA suprimieron sus servicios de oncología y radioterapia, cardiología o neurología, dejando sin tratamiento a muchos mutualistas. [ver enlace]
Por coherencia: si defendemos, como trabajadores y trabajadoras, los servicios públicos, deberíamos defenderlos también como usuarios. Las redes privadas son, ante todo, un factor de desclasamiento. El principal reclamo a sus consumidores es el sentimiento de diferenciación. Los empleados públicos, por mucho que nos quieran convencer de otra cosa, no dejamos de ser clase trabajadora.
Analizando la respuesta que se ha dado en nuestro país, y específicamente en la Comunidad de Madrid, a la situación sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, podemos extraer dos lecciones muy importantes:
– La capacidad de respuesta de la sanidad privada ha sido muy limitada. Han sido los centros públicos de referencia y sus profesionales los que han absorbido el grueso de la atención sanitaria.
– Del fortalecimiento del sistema sanitario público dependerá nuestra capacidad de respuesta ante futuras situaciones de emergencia sanitaria. Difícilmente encontraremos ejemplos más claros que los que hemos vivido en esta situación de pandemia de los males del individualismo y los sentimientos de diferenciación llevados al extremo. Ante retos que, como el que afrontamos actualmente, afectan a toda la sociedad, solo vale una respuesta global, coordinada y solidaria, y un sistema sanitario público fuerte es la mejor garantía de que la sociedad en su conjunto saldrá adelante en las mejores condiciones.
Las políticas privatizadoras de la derecha neoliberal madrileña priman el beneficio empresarial frente a la salud pública, pero también frente al ahorro y la eficiencia, ya que, a pesar de que las condiciones laborales y salariales del personal sanitario de la red privada son peores (lo cual, lógicamente, influye en la calidad de la atención sanitaria), los tratamientos en la sanidad privada le salen más caros al contribuyente. [ver enlace]. Y en la situación actual, nuestro Gobierno regional, lejos de gestionar la crisis sanitaria desde criterios de eficiencia y equidad, aprovecha la situación para intensificar su agenda radical neoliberal, poniendo en manos de empresas y entidades privadas y de grandes empresas constructoras suculentos contratos e ingentes partidas de dinero público: tests de antígenos a docentes, construcción del “hospital” Isabel Zendal, etc..
La evolución lógica de estas políticas neoliberales nos llevaría a la situación de Estados Unidos, donde todo trabajador asalariado suscribe un seguro médico privado y el sistema sanitario público se encuentra en una situación tan precaria que, eliminada la opción de acogerse a una sanidad pública fuerte y bien financiada, las aseguradoras privadas campan a sus anchas, imponiendo a sus clientes cláusulas abusivas y copagos inasumibles y, obligando a miles y miles de personas a elegir entre hipotecarse o morirse. No nos cabe ninguna duda de que si seguimos ese camino, cuando finalmente todo sea privado, acabaremos siendo privados de todo.
En este momento histórico, en que queda tan patente la gran calidad de los profesionales de nuestra sanidad pública y lo necesarios que son, pero también la necesidad de fortalecer y financiar adecuadamente el servicio sanitario público, cabe plantearse qué podemos hacer como ciudadanos y como empleados públicos, más allá del voto cada cuatro años: Al elegir como entidad médica el INSS, reducimos la desviación de recursos a la sanidad privada, ya que el dinero asignado a estas compañías se determina en función del número de mutualistas que las eligen.
En la última década, el porcentaje de empleados públicos del régimen de MUFACE que eligen la sanidad pública ha pasado del 14% al 20%. Desde STEM, animamos a que de muchos granos de arena hagamos una montaña, de modo que este porcentaje sea cada vez mayor y los empleados públicos seamos capaces de transmitir un mensaje claro a favor de la sanidad pública y sus profesionales. Es el mejor aplauso que les podemos dar.
Durante este mes de junio, es posible solicitar el cambio de entidad por las siguientes vías:
1. A través de la Sede Electrónica de Muface [enlace], utilizando los medios de acceso proporcionados por la plataforma Cl@ve (certificado digital, DNI electrónico, Cl@ve Permanente o Cl@ve PIN).
2. Por correo postal, descargando y enviando el Modelo de Solicitud Cambio_de_Entidad, cumplimentado y firmado, al Servicio Provincial correspondiente. [enlace]