Desde hace varias décadas, buena parte de los ataques contra la escuela pública se han realizado bajo la excusa de mejorar una educación que está muy mal. Da igual que los datos afirmen logros que se han conseguido con menor financiación que el resto de nuestros homólogos mundiales o la buena valoración de nuestras titulaciones universitarias en el extranjero. En realidad, las críticas tenían otras intenciones.
Una de las maneras de justificar y atacar el derecho a la educación por parte de quienes quieren hacer negocio a costa de este mismo derecho, ha sido la utilización de estadísticas, encuestas sociológicas y sistemas de evaluación que se presentan como ejercicios de neutralidad, transparencia, eficacia y realismo. Por mucho que se revista de estadísticas, todo análisis de lo humano está marcado por lo ideológico y responde a unos intereses de clase. Las evaluaciones externas, consagradas por la LOMCE y que se van a extender a lo largo de abril son parte de estas estrategias.
– Las evaluaciones no tienen ningún propósito pedagógico: nuestra oposición no se dirige, en abstracto, contra las pruebas de Estado (que constituirían un indicador objetivo, capaz de poner en su sitio a empresas privadas encumbradas solamente por el prestigio de su marca). Sí que nos oponemos, en cambio, a la utilización perversa de estas pruebas. La necesaria evaluación de los centros (del alumnado, de la actividad docente, del funcionamiento del centro) es tergiversado por estas pruebas, que no valoran lo suficiente contextos ni realidades educativas. Se plantean unos problemas con carácter general y dicho muestreo se utiliza para esconder la realidad del aula y justificar determinadas políticas públicas.
– Se externaliza su gestión hacia empresas privadas. Aunque, a la hora de caracterizar el fenómeno de la privatización, se suele focalizar en los conciertos educativos, lo cierto es que el mayor avance de la mercantilización se está produciendo por otras vías (cheque escolar, gestión indirecta…), que enmascaran el problema tras una aparente titularidad pública y gratuidad para el usuario.
– Se busca crear un sistema de competitividad en el seno de la comunidad educativa: la competitividad implica crear un sistema en el que hay ganadores y perdedores. Tenemos un sistema que, objetivamente, ha tenido más logros y aciertos que errores, y que garantiza que el nivel educativo en este país sea el más alto de toda su historia; pero no se trata de medir la eficacia del sistema. Entrando en la idea de competición, pondremos el foco en aquel segmento de personas a las que se considera perdedoras o mediocres. De un solo golpe, cuestionamos el servicio público y, por añadidura, alimentamos la vieja tesis del siglo XIX, según la cual, la existencia de clases sociales se explica por la diferente capacidad de los individuos y no por la explotación del trabajo.
– Se introduce la idea de que existen malos centros: Al someter el sistema público de educación a la competitividad y evaluaciones, se produce un reduccionismo fácilmente vendible, fácilmente asimilable, de que existen malos centros, los cuales serían más de la mitad. Al descontextualizar esta estadística y esta evaluación, escondemos las dificultades y los logros, la realidad compleja de familias, alumnado y centros. No se tienen en cuenta las dificultades especiales, las realidades sociales, los medios asignados y un montón de elementos que escapan completamente a nuestro control y que influyen en la realidad de cada aula. Toda la complejidad educativa queda escondida detrás de un número y una clasificación. Ya sabemos que en las competiciones deportivas, solo hay un campeón y todos los demás son perdedores. De esta manera ha sido como ha calado en la sociedad el desprestigio de la educación pública.
– Se culpabiliza a la comunidad educativa: Si en un sistema competitivo hay libertad para elegir, hay responsabilidad para acertar y, por lo tanto, culpa. El ranking de centros contribuye a desplazar la responsabilidad de la administración por resultados u otras dificultades a las propias familias y centros. Las familias tendrían que haber elegido mejor (posiblemente un centro privado que, por definición, es competitivo), tendrían que haber hecho caso de las evaluaciones y haber elegido un centro “ganador”. Se escamotea el derecho de las familias a una educación universal en términos de igualdad y calidad. Se responsabiliza al profesorado (“si no sacan buenos resultados son malos profesores”). Y sobre todo, se culpabiliza en última instancia a la parte más frágil, el alumnado, que en última instancia es quien realiza la prueba.
– Se justifican los recortes y el desmantelamiento de los servicios públicos: una estadística es suceptible de ser utilizada para justificar, en la práctica, lo que se quiera. Podemos justificar dar más dinero a quien esté por debajo de los resultados (necesitan medios y recursos), como que el director seleccione personal a discreción (necesitan perfiles profesionales específicos) o, en la hipótesis de que lleguemos a los extremos de los países anglosajones, despedir trabajadores. Abrir centros (tienen un alumnado complejo que necesita mucha atención) como cerrarlos (ese centro no funcionaba bien). Calificar a un mismo centro como bueno (estamos entre los tres centros con mejores resultados del barrio) como malo (estamos por debajo de la media de la ciudad de Madrid). En manos del PP y mirando con retrospectiva, dichos datos que no dicen nada real se han utilizado siempre de la misma manera.
¿Cómo luchamos contra esto?
El pasado curso, la totalidad de sindicatos que participamos en la Plataforma Regional por la Escuela Pública
convocamos a la huelga los días de celebración de las pruebas. Se planteaba dar cobertura a una expresión de objeción de conciencia: se podía eludir ser aplicador de las pruebas, pero no participar en su corrección. En cualquiera de los casos, su seguimiento fue bastante limitado.
Este año, consultada la afiliación de STEM, el posicionamiento mayoritario ha sido no convocar a la huelga. Se ha valorado, en especial, que convocar huelgas a sabiendas de que van a ser meramente testimoniales refuerza la idea de que las huelgas no sirven para nada. La postura que tradicionalmente ha mantenido el STEM es que las huelgas sirven para torcer el brazo al poder, no para visualizar posturas individuales.
Desmontar las pruebas sólo puede ser el resultado de una intensa batalla ideológica en el seno de toda la comunidad educativa y el conjunto de la sociedad. Sin el soporte de un tejido asambleario, es aventurado querer mantener posiciones de fuerza.
Comencemos, por tanto, por celebrar reuniones informativas con las familias para informar qué son y para qué sirven estas pruebas. Resaltemos que no existe ninguna obligatoriedad ni consecuencia negativa por no realizar dicho examen. Hablemos con madres y padres a la salida de los centros. No hay lucha más activa y desde la base que comunicarse como paso previo a otras acciones.