El curso 2016-2017 ha sido testigo de la convocatoria de dos huelgas generales educativas en la Comunidad de Madrid, junto con innumerables acciones de lucha sectoriales y locales.
Los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, junto con los restantes integrantes de la comunidad educativa, hemos sido capaces de echar abajo las Reválidas y nombramientos a dedo de los directores de centros públicos. Todo apunta a que la LOMCE va a ser maquillada, hasta el punto de reconvertirla en una versión 2.0 de la LOE (ley que, en su momento, también criticamos por no articular claramente el sistema educativo sobre la escuela pública). Se ha puesto sobre la mesa, en negociaciones con el MECD, la necesidad de negociar un sistema de acceso a la función pública docente más justo. Diversos grupos parlamentarios con los que nos hemos reunido declaran su disposición a derogar los Acuerdos con la Santa Sede, paso obligado para alcanzar el objetivo de una enseñanza laica y científica.
En cursos anteriores había tenido amplia resonancia mediática la idea de un Pacto de Estado en materia educativa: bajo el ropaje de propuestas de la sociedad civil (léase expertos afines al pensamiento liberal y portavoces de lobbies), se pretendía buscar un justo término medio acorde con los intereses patronales. En esta batalla por la hegemonía ideológica, las espadas están en todo lo alto. El Consejo Educativo de la Comunidad de Madrid, del que formamos parte, presentó el pasado 13 de junio su documento BASES IMPRESCINDIBLES PARA QUE PUEDA DARSE UN ACUERDO EDUCATIVO SOCIAL Y POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID (1). Con anterioridad, nuestra Confederación había participado en la elaboración del Documento de Bases para una nueva Ley de Educación (2), documento que valoramos como un punto de referencia interesante para centrar el debate, al margen de alguna discrepancia puntual con el texto (3). Estos documentos marcan unas coordenadas diferentes si se quiere empezar a discutir.
El panorama la Comunidad de Madrid se puede resumir en que se ha impedido la profundización de los recortes, pero no se han revertido. Los gabinetes presididos por Esperanza Aguirre cumplieron el papel de fuerza de choque para privatizar y degradar los servicios públicos; el gobierno de Cifuentes se limita a consolidar el territorio conquistado. No se han recuperado las plantillas que teníamos en 2010, pese a que, en numerosos centros, se atiende a más alumnos. Las ratios siguen siendo desmesuradas. Se abren nuevas unidades para atender la demanda de escolarización, pero siguen pendientes numerosas construcciones escolares -por no hablar de obras de conservación y mejora de los centros.
Al margen de la valoración que podamos hacer del Acuerdo Sectorial (4) suscrito por la mayoría de los sindicatos representados en Junta de Personal Docente, la noticia de que se recupera la negociación colectiva de los empleados públicos de la Consejería de Educación es positiva.
No obstante, permanecen muchos frentes abiertos. El próximo curso vamos a seguir luchando por un acceso diferenciado del profesorado interino y por un compromiso de estabilidad en el empleo. Seguimos criticando los programas de FP Dual que ha impuesto la Consejería. Iremos a la ofensiva contra ese gran fraude que constituyen los programas bilingües de la Comunidad de Madrid y defenderemos un desmontaje controlado de los mismos. Seguiremos exigiendo que la religión salga del currículo y horario lectivo de nuestros centros.
No podemos olvidar al colectivo de trabajadores y trabajadoras de la red privada, que es quien sufre unas condiciones laborales peores, sobre el que se hacen sentir las reformas laborales y la reforma de las pensiones, que carece de estabilidad en el empleo, que es más vulnerable al acoso laboral y la represión de los jefes. Tenemos muy claro que la defensa de los trabajadores es algo bien diferente a la defensa de las empresas.
Durante todo el curso, se han venido celebrando elecciones sindicales en las distintas empresas. Es necesario encontrar a muchas personas con el arrojo suficiente como para significarse ante sus patronos, pero sólo si fortalecemos una amplia red de delegadxs comprometidos con los derechos de sus compañeros, podemos contrapesar la presión que hacen las empresas. El asesoramiento y asistencia jurídica que, día a día, se lleva a cabo en el STEM son una primera piedra para tejer solidaridad, frenar abusos y adquirir fuerza.
Somos muchos más que ellos. Nada funciona sin la clase trabajadora. Y vamos a exigir lo que es nuestro.
(3) Fundamentalmente, por la ausencia de cualquier pronunciamiento sobre un acceso diferenciado del profesorado interino a la función pública docente; también en lo referente a la propuesta que hace el Documento de Bases de elaborar un Estatuto Docente que regule la carrera profesional;