El profesorado organizado protagonizó, el pasado martes, la quinta jornada de huelga en la educación pública madrileña en lo que va de curso. Una vez más han sido las asambleas unitarias de centros las que han puesto el músculo y han llenado las calles. Pero no sólo han puesto el músculo, sino también la responsabilidad y la sensatez, pues ante una convocatoria dictada por las cúpulas de organizaciones que no participan del espacio unitario de debate, coordinación y toma de decisiones del que se han dotado los y las docentes, el profesorado organizado decidió descartar otras fechas sobre las que ya trabajaba y unir fuerzas, registrando su propia convocatoria para los días 8 y 21 de mayo y confluyendo como bloque autónomo en concentraciones y manifestaciones.
Tan solo unas horas después de esta última jornada de huelga, las organizaciones de la Mesa Sectorial dictaban su calendario de movilizaciones para el mes de junio, incluyendo una concentración el día 3 ante la Consejería de Economía y Hacienda y una manifestación el día 15 entre Neptuno y Sol. Las asambleas decidirán si participan o no en estas convocatorias y de qué forma lo hacen, o si plantean acciones alternativas, dentro de un análisis más amplio de cuáles deben ser los pasos a seguir en este final de curso y en el inicio del siguiente.
STEM no entrará en guerras de cifras. Si fueran ciertos los datos de seguimiento de la Consejería, una cuarta parte de los y las docentes que pudieron hacer huelga la secundaron, cosa impensable hace tan solo un año. No necesitamos inflar cifras para afirmar que viniendo de donde venimos y teniendo en cuenta la dificultad de coordinar a un colectivo dividido en 2000 centros de trabajo, la huelga ha sido un éxito. En un contexto de permanente adoctrinamiento neoliberal, por el que se nos somete a continuos mensajes que alientan el individualismo y los sentimientos de diferenciación, miles de docentes han dado ejemplo uniéndose en torno a objetivos comunes. La huelga ha sido un éxito, en la medida en que ha supuesto un paso firme en un camino hacia la recuperación de nuestros derechos que no va a ser fácil.
Como organización de clase, hemos colaborado y seguiremos colaborando a abrir vías para la politización del profesorado. Y con politización queremos decir toma de conciencia de su situación y participación activa en el debate y la reivindicación de las mejoras laborales necesarias para realizar su trabajo en condiciones dignas y prestar un servicio educativo de calidad. Y en la medida en que junto a otras organizaciones del sindicalismo asambleario y cada vez más docentes en sus asambleas de centro estamos avanzando en esa politización, hemos conseguido situar lo verdaderamente importante en el centro del debate.
No nos cabe duda de que el Consejero habría preferido firmar un Acuerdo Sectorial de mínimos, mínimos que debidamente amplificados por organizaciones ocupadas en competir entre sí por la reivindicación de su protagonismo en la consecución de unas pocas migajas le habrían garantizado unos años más de paz social. Pero aunque sea para mentir, el Consejero ya no tiene más remedio que hablar de reducciones de ratio, horas lectivas y burocracia, de retribuciones y de construcción y adecuación de infraestructuras. Por ejemplo, ante la pregunta de si cobra menos un profesor madrileño que uno gallego, catalán o andaluz, decía en una entrevista reciente:
Diría que no. Y lo digo en condicional porque no es una cifra fácil de determinar. Cuando se hacen este tipo de comparaciones lo que se tiene en cuenta es el salario base, pero la Comunidad otorga complementos bastante elevados. Con lo cual, los docentes de la Comunidad de Madrid no son ni mucho menos los que están peor pagados.
Nosotros diríamos que sí, un docente madrileño es de los peor pagados, comparando retribuciones básicas (no salario base) y teniendo en cuenta que hemos perdido un 14-15% de poder adquisitivo, según cuerpos, desde 2010. Estamos entre el puesto 11 y el 12 en términos absolutos, eso sí, en la Comunidad Autónoma con los precios de la vivienda más altos: cobramos 100 euros menos que en Castilla – la Mancha, donde el precio de la vivienda está por debajo de la mitad. Diríamos también que el resto de Comunidades Autónomas también tienen sus propios complementos de productividad, y que afirmar que en Madrid son “bastante elevados” es aventurado (sobre todo si comienzas tu respuesta con un “Diría que no. Y lo digo en condicional porque no es una cifra fácil de determinar”). También diríamos, o más bien afirmamos, que los complementos de productividad son los que no cobras estando de baja o de vacaciones, pues están condicionados a la realización efectiva de una función concreta. Han venido siendo la herramienta de la Consejería para eludir subidas salariales reales, con el beneplácito de las organizaciones de la Mesa Sectorial. Además, favorecen el clientelismo en los centros y una sobrecarga de trabajo que facilita eludir la contratación de nuevos docentes y que no redunda en la mejora de la calidad educativa.
Queda patente el abismo entre el día a día de los y las docentes y la realidad paralela a la que alude el Consejero, que también ha hablado estos días de los grandes esfuerzos de su departamento para reducir las ratios, aliviar la carga burocrática asociada a la labor docente y acometer la creación y acondicionamiento de centros públicos en nuestra región. En todo caso, cabe detenerse en su propuesta de un “pacto global” sobre el que estaría trabajando con su equipo. Citando textualmente sus palabras en una entrevista reciente “las reivindicaciones que plantean los sindicatos son razonables y estamos dispuestos a acometerlas. Simplemente queremos hacerlo de una forma responsable y progresiva”. Dependiendo de si realmente se plantea acometer la reversión de todos los recortes y de qué entienda por “progresivo”, la respuesta será una u otra. Pero si dicho “pacto” no reconoce al menos la devolución de lo robado (en cuanto a jornada lectiva y retribuciones) y no atiende el resto de reivindicaciones planteadas desde las asambleas, el conflicto estará servido.
De todos modos, mal empezamos cuando el Señor Viciana se refiere a este “pacto” como una propuesta que no sólo tenga en cuenta las necesidades de los docentes, sino también las del alumnado y las familias. Hemos vivido ya campañas de desprestigio bastante burdas, de la mano de Esperanza Aguirre o de su Consejera Lucía Figar. Sin llegar, de momento, al nivel de cinismo y desvergüenza de estas últimas, el Consejero parece sugerir contradicciones entre la mejora de las condiciones laborales del profesorado y los derechos de alumnado y familias (nada más lejos de la realidad). Pues bien, como dato, nos permitimos recordar que la contratación de los docentes necesarios para volver a las jornadas de atención directa al alumnado previas a 2011 supondría 90 millones de euros anuales, en una región que por distintas bonificaciones de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones e IRPF a rentas altas, dejó de recaudar más de 4.000 millones de euros en 2018, último año del que disponemos de datos completos.
¿Se deberá esta generosidad con las 20.000 personas más ricas de nuestra región a que como ha dicho la Señora Ayuso en alguna ocasión “vamos a tope”? ¿Cómo cuadra esto con las palabras del Consejero cuando justificaba su inacción aludiendo a un contexto económico nacional e internacional incierto? ¿Somos entonces “la locomotora económica de España” a la que se refiere la presidenta en cuanto le acercan un micro? Pues bien, si lo que el Consejero de Educación de la locomotora económica de España se trae entre manos es otra propuesta “low cost”, le sugerimos que mejor vaya preparando su carta de dimisión por ser incapaz de afrontar los problemas de la educación pública madrileña… y ya nos pelearemos con el siguiente.
¡VIVA LA LUCHA DEL PROFESORADO!
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