La administración suele vender los logros sindicales en el mismo pack que grandes retrocesos. Eso ha pasado con la nueva Ley de Ordenación e integración de la FP: con la justificación de hacer justicia a parte del profesorado del cuerpo 591, que pasará al sub- grupo A1, pretenden colarnos unos cambios inaceptables:
La Ley de FP prIvatiza estos estudios. La mayoría de nuevos cursos de especialización se desarrollarán en centros privados sustentados con fondos públicos, especialmente en las grandes empresas.
2. Menos formación en centros educativos. Se aumentan las horas de prácticas en empresas incluso en la FP de Grado Básico, a pesar de que las empresas demandan un alumnado mejor formado y más maduro para realizar esas prácticas. Como consecuencia, habrá menos horas lectivas y puestos de trabajo para el profesorado.
3. Futura clase trabajadora más dominable. Se apuesta por la microformación y se pierde formación global e integral en los centros educativos con la excusa de conseguir trabajo como sea. La consecuencia serán personas trabajadoras con menos formación, menos versátiles y menos conocedores de sus derechos.
4. Mismo trabajo, diferentes condiciones laborales. Pasamos de 2 tipos de profesorado funcionario a 3, aun cuando hacen las mismas funciones y tienen las mimas responsabilidades.
5. Despido de profesorado interino. En muchas especialidades se cambian las condiciones de acceso y esto hará que gran parte del profesorado que no tenga la titulación académica exigida no pueda continuar trabajando.
6. Tendencia a desfuncionarizar al profesorado. Se apuesta por implantar estudios en centros privados y, en los centros públicos, utilizar la figura de “profesor experto en sectores productivos” que es personal laboral, para poder contratarlo y despedir lo a demanda.
7. Alejada de las necesidades sociales. La ley está pensada para que las grandes corporaciones formen a sus futuros trabajadores con dinero público, perdiendo los centros educativos su papel de eje central. Este modelo ni encaja en una estructura económica en la que predominan las PYMES, ni responde a las necesidades sociales (desarrollo de la familia sanitaria, atención a la dependencia, etc.). Nos tememos que, entre otros problemas, será difícil encontrar empresas para las prácticas del alumnado.
8. Sin reconocer la labor del profesorado. Se vuelve a menospreciar la pieza angular de todo sistema educativo: su profesorado. Ni planes de formación, ni mejoras en las condiciones laborales.
9. Con la complicidad de las grandes centrales sindicales y patronales. Se subvencionará la formación que dan las grandes centrales sindicales, que abandonan su principal función y se convierten en empresas formadoras. Y la patronal, encantada de aumentar su clientela.
10. Con todos los recursos económicos, sin cambiar el mercado laboral. El plan de recuperación, transformación y resiliencia prevé destinar 2.000 millones de € en el desarrollo de esta ley, que no implicará ni cambio en el sector productivo ni mejora en las condiciones laborales de los futuros trabajadores. Se aumentan los órganos administrativos para gestionar la ingente cantidad de dinero. Cuando finalice el período de puesta en marcha, muchos de los programas acabarán desmantelados
