El Ministerio de Educación nos ha remitido ya un tercer borrador del Real Decreto que pretende modificar el RD 276/2007 de acceso a la Función Pública docente. En el mismo se recogen algunas de las propuestas realizadas por la Confederación de STEs, pero queda un largo trecho por avanzar. Ya la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (la versión definitiva del “Icetazo”), publicada en el BOE el pasado 28 de diciembre tras no aceptarse enmiendas en el Senado, ignora las directrices y sentencias emanadas de la Unión Europea con respecto a la estabilización del personal temporal e interino, y condiciona la eficacia de cualquier reforma del acceso a la Función Pública docente. Ahora bien, es posible avanzar de forma mucho más clara hacia un sistema transitorio de acceso más garantista, que permita la estabilización de un mayor número de docentes interinos.
ECHAMOS EN FALTA UNA APUESTA DECIDIDA POR UN NUEVO MODELO
Las tasas de interinidad heredadas de los acuerdos de los tres sindicatos “mayoritarios” con el PP han resultado un fracaso total, puesto que las OPEs que impulsaron estos sindicatos no han servido ni para reducir la temporalidad ni para estabilizar al personal en abuso (tal como determina la Unión Europea) sino, más bien, todo lo contrario. Aún así, resuena de nuevo el mensaje simplón y falaz de que la estabilización pasa por sacar el máximo número de plazas posibles a concurso-oposición. Nos quieren vender las mismas recetas fracasadas, que si algo han garantizado, y esto es una evidencia matemática, son los beneficios de quienes hacen de la preparación de oposiciones un negocio.
Por otro lado, después de décadas denunciando las grandes limitaciones del sistema de acceso vigente de cara a la consolidación del profesorado interino y reivindicando el acceso diferenciado, que las Administraciones Educativas junto a dichos sindicatos frustraron reiteradamente escudándose en su supuesta inconstitucionalidad, ahora que se opta (de forma transitoria) por un sistema similar, se prevé ejecutarlo de manera lamentable.
Este modelo planteado por el MEyFP dista mucho de ser el nuestro. No se estabilizan personas en abuso de temporalidad sino plazas, en consonancia con la pauta marcada por la Ley 20/2021. La normativa ni siquiera garantiza a día de hoy (y vamos por el tercer borrador) criterios claros para determinar qué plazas deben reservarse para estabilización, dejándolo en manos de las Comunidades Autónomas.
¿EN BASE A QUÉ SISTEMA SE VAN A DESARROLLAR LOS PROCESOS SELECTIVOS DE 2022?
A riesgo de equivocarnos, y por lo que nos comentan compañeros de otros territorios de las reuniones en sus respectivas Mesas Sectoriales, parece más que probable que el sistema a aplicar en 2022 sea el concurso-oposición en base a la normativa actual: El Ministerio no se plantea que el nuevo Real Decreto tenga efecto retroactivo, y es seguro que las Comunidades Autónomas que han convocado ya su oposición o que lo van a hacer antes de la aprobación definitiva de este Decreto la realizarán por el sistema vigente, es decir, por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero.
En la última reunión con el Ministerio, el pasado 20 de diciembre, y a pesar de las críticas y la presión que ejercieron los representantes de nuestra Confederación, el Ministerio fue incapaz de comprometerse con una posible fecha de publicación en el BOE del nuevo Real Decreto de ingreso. Revistas profesionales hablan del mes de abril o mayo, ya que la tramitación de una norma de este rango es laboriosa legalmente. Ante esta situación, muchas Comunidades Autónomas ya han acordado convocar por el sistema anterior para no tener a las personas opositoras en la incertidumbre de esperar tres meses más para decidir qué sistema se va a aplicar. De hecho, ya se han ido publicando diversas convocatorias: Asturias en octubre, Navarra y Galicia en diciembre. Aragón y Cantabria ya lo han anunciado oficialmente también. En este contexto, los territorios que esperen a la primavera para hacer la convocatoria por el sistema nuevo (si está el Real Decreto para esas fechas) se arriesgan a ser los únicos, con el consiguiente efecto llamada.
Todo este despropósito se lo debemos, en primer lugar, al Ministro Iceta por la chapuza que perpetró con su ya tristemente famoso Real Decreto-ley de junio, pactado con los sindicatos “mayoritarios” (el “Icetazo”), que ha tenido que ser rectificado deprisa y corriendo con la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En segundo lugar, el Ministerio de Educación no parece tener muchas prisas en sacar adelante la modificación del sistema de ingreso, generando una gran inseguridad entre el colectivo interino y opositor en general. Por último, cuando algunas Consejerías de Educación han intentado coordinarse lo han hecho muy a última hora, cuando ya algunos territorios habían publicado sus órdenes de convocatoria en sus respectivos diarios oficiales, adelantándose al resto y condicionando, casi por “efecto dominó”, lo que hagan las demás. Otras Comunidades Autónomas como Madrid ni siquiera se plantean eso de coordinarse.
¿Y QUÉ PASARÁ EN LA COMUNIDAD DE MADRID?
Respecto a la Comunidad de Madrid nos cuesta hacer predicciones, y más teniendo en cuenta que STEM a día de hoy no tiene representación en la Mesa Sectorial. Pero nos costaría creer que, si el resto de Comunidades optan por el sistema aún vigente, nuestra Consejería vaya a desmarcarse. Además, es muy poco probable que el nuevo Real Decreto entre en vigor antes de la convocatoria del proceso selectivo de Madrid. Sabemos también que el Gobierno regional, en general, no es partidario de cumplir las leyes que emanan de lo que ellos llaman el “Gobierno social-comunista”, por lo que no creemos que vayan a dilatar los plazos para verse en la obligación de aplicar el nuevo Real Decreto.
Visto el panorama, resultaría desastroso que la Comunidad de Madrid decidiera ser la única en aplicar el nuevo Real Decreto, pues el efecto llamada sería brutal, más teniendo en cuenta que los borradores hasta ahora presentados no establecen ninguna restricción para concursar por méritos en una Comunidad Autónoma donde no se haya trabajado.
En el escenario hipotético que hemos dibujado (que se pospongan los concursos de méritos y el nuevo modelo de concurso-oposición para las convocatorias de 2023 y 2024), debemos centrar nuestra atención en el concurso-oposición para el cuerpo de maestros de 2022 y estar vigilantes a lo que se negocie en la Mesa Sectorial de Madrid. Resulta más fácil encontrar información referente a las negociaciones de los procesos selectivos de otros territorios que saber lo que pasa en Madrid. Por supuesto, sabemos que nuestro gobierno no es de negociar, y que deberían convocarse más reuniones de nuestra Mesa Sectorial, pero en un momento tan importante, y con tantos compañeros y compañeras pendientes de lo que suceda, esperamos un especial ejercicio de transparencia por parte de las organizaciones con representación en lo referente a sus propuestas y a las decisiones adoptadas.
Por poner un ejemplo, nos consta que la Consejería de Educación de Cantabria empezará a negociar con los sindicatos con representación, ya entre enero y febrero, las plazas de todos los cuerpos docentes que se ofertarán en los procesos selectivos de 2023 y 2024, tanto aquellas que se ofertarán en concurso de méritos como las que se reserven para la nueva modalidad de concurso-oposición (exámenes no eliminatorios, sin supuestos prácticos, etc.). El objetivo es tener las convocatorias de los nuevos procesos selectivos en las primeras semanas del curso 2022/23, incluyendo la oferta de plazas que saldrán a concurso de méritos.
Cabe destacar que Cantabria modificó la oferta de plazas para el proceso selectivo de 2022 que tenía prevista inicialmente, pasando de una oferta prevista de 258 plazas de maestros y 20 de Conservatorio a 164 y 3, respectivamente. Esto se debe a que finalmente solo saldrán a concurso-oposición en 2022 las plazas que denominamos “de reposición de efectivos”, es decir, aquellas que son producto de bajas definitivas del sistema (fundamentalmente jubilaciones). Las 94 plazas de maestros y 17 de conservatorio restantes corresponden a procesos de estabilización y se agregarán a las ofertas de 2023-2024, para resolverse por concurso de méritos. Ya son al menos cinco las Comunidades Autónomas que han revisado sus previsiones iniciales en esta línea.
Sea en 2022 o 2023-2024 cuando se aplique en Madrid el nuevo sistema de ingreso, para STEM sería inadmisible que se sacaran a concurso-oposición más plazas que las correspondientes a la tasa de reposición de efectivos. En ese sentido, nos inquietan ciertos mensajes que insisten en el mantra de “cuantas más plazas, mejor”, cuando en esta coyuntura, más que nunca, importa tanto el “cuánto” como el “cómo” y el “cuándo”.
Y DESPUÉS DE 2024, ¿QUÉ?
Nuestro deseo es trabajar en beneficio de la enseñanza pública y, en este sentido, creemos que es necesaria una modificación del sistema de acceso a la función pública docente (más allá de esta modificación transitoria) que asegure, por un lado, que el sistema educativo pueda seguir contando con el profesorado con más experiencia, pero dejando la puerta abierta a la incorporación a nuestros centros educativos de personas jóvenes.
Es significativo remarcar que desde la Confederación de STEs y desde STEM hemos venido defendiendo desde hace décadas el desarrollo de una doble vía de acceso a la Función Pública docente que siempre hemos denominado “Acceso Diferenciado“. Esta vía, correctamente implementada, prevendría la cronificación de la temporalidad y posibilitaría la estabilización del personal con más experiencia, garantizando así mismo la incorporación al funcionariado del profesorado interino con menor experiencia, así como de aquellas personas sin experiencia docente.
De poco sirve, por muchas plazas que se oferten, mantener un sistema basado exclusivamente en el concurso-oposición por turno libre. Esto volvería a generar un tapón de gente con mucha puntuación por experiencia que dificultaría el acceso de nuevos opositores, como ocurre ahora.
La estabilización del mayor número posible de interinos con experiencia por medio de un concurso de méritos extraordinario lo más garantista posible es la única forma de acabar con la alta tasa de temporalidad a la que la negligencia de las administraciones nos ha llevado, sin que esta reducción de la temporalidad se convierta en un auténtico ERE con graves consecuencias sociales. Si se hace bien, una vez concluido este proceso, que es extraordinario y que culminará en 2024, los nuevos opositores lo tendrán mucho más fácil para obtener plaza si obtienen buenas puntuaciones en la fase de oposición, cosa que ahora no ocurre.
A partir de ahí, la aplicación del acceso diferenciado (a grandes rasgos, reservar unas plazas para nuevos opositores y otras para interinos), ayudaría a evitar que la situación en la que ahora nos encontramos se vuelva a repetir. Por eso plantearemos cambios en el sistema de acceso en esta línea para los procesos selectivos que tengan lugar a partir de 2025.
Por último, queremos insistir en que la incorporación de personas jóvenes debe hacerse necesariamente efectiva, no solo a través de la sustitución del profesorado que se jubila (entre 15.000 y 20.000 cada año, con la previsión de que este número se mantenga o incluso se incremente en los próximos años), sino también a través de mejoras en el sistema educativo que le doten de una mayor calidad. Así, una de las reivindicaciones que seguiremos demandando al Ministerio, pues tiene competencias para ello, es la bajada de ratios que, aparte de asegurar un menor número de alumnas y alumnos por grupo, exige la contratación de nuevo profesorado.
En todo caso, volviendo a lo que planteábamos al inicio de este texto, los representantes de nuestra Confederación seguirán presionando para que el texto definitivo del nuevo Real Decreto recoja los cambios necesarios para que este sea una herramienta verdaderamente efectiva de cara a la consolidación del profesorado que ha sido víctima de abuso de temporalidad, pues a día de hoy deja mucho que desear.
