A partir de mañana, día 4 que comienzan las clases en algunos centros de Navarra, y a lo largo de los próximos días en todas las Comunidades Autónomas, dará comienzo el nuevo curso escolar en todos los niveles de la enseñanza no universitaria. El curso escolar 2019/20 presenta algunas novedades:
-
En primer lugar, respecto al calendario escolar, destaca el paso dado por Asturias en el sentido de distribuir los días lectivos en 5 periodos, separados por periodos de descanso. Para ello se introducen, a finales de octubre y febrero, respectivamente días no lectivos. Esta modalidad, que determina el denominado “calendario pedagógico” implantado ya en 21 estados europeos, está vigente en el Estado Español en Cantabria (este será su cuarto año con este modelo) y en algunos centros educativos de Navarra.
-
Es importante señalar, igualmente, que el curso comienza con 28.000 nuevos funcionarios y funcionarias, tras superar el proceso selectivo (será personal funcionario en prácticas a lo largo de este curso, antes de superar las mismas y acceder al funcionariado de carrera) tras la convocatoria de Oposiciones y su ejecución en los meses de junio y julio. El resultado de los distintos procesos selectivos ha deparado que – a diferencia de lo que ocurrió el año pasado en que no fueron adjudicadas 1.984 plazas de las 23.689 convocadas- poco más de 100 plazas hayan quedado desiertas.
Sin embargo, el resultado de estas Oposiciones no es satisfactorio. Esta convocatoria, que es la segunda del “Acuerdo para la mejora del empleo público” suscrito en 2017 por las centrales sindicales de la Mesa General de la Función Pública deja también tras de sí, como efecto pernicioso la pérdida del empleo para cientos de personas que han venido desempeñando su trabajo como personal interino y que, (en muchos casos) después de muchos años realizando una valiosa labor en el sistema educativo, se ven -ahora- abocados al paro. Es una situación de una tremenda injusticia y que ha de evitarse en futuras convocatorias. A este respecto, la sentencia que está previsto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita en las próximas semanas (probablemente en octubre) respecto a personal interino contratado -según sentencias previas del mismo tribunal- en “fraude de ley”, debiera abrir la puerta para que se dé una solución definitiva al problema. Es obligación del Ministerio de Educación iniciar el proceso para establecer legalmente la normativa que desarrolle el artículo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que considera el acceso diferenciado como una vía para acceder al funcionariado y, que suponga -de una vez por todas- la consolidación del empleo de estas personas.
En cualquier caso, es imprescindible que la próxima convocatoria de Oposiciones se haga en base a un Real Decreto que determine que las pruebas de las mismas sean no eliminatorias, lo que es necesario para una mayor justicia en el resultado de las ofertas Públicas de Empleo previstas para el año 2020.
Por otra parte, varios años después de darse oficialmente por acabada la crisis económica, en el ámbito de la educación siguen sin restablecerse las condiciones laborales del profesorado y de calidad de la enseñanza de hace una década. Por ejemplo, la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez, recomienda un horario lectivo para el profesorado “con carácter ordinario de un máximo de veintitrés horas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial y un máximo de dieciocho horas en los centros que impartan el resto de enseñanzas”. La realidad, sin embargo, es que en la inmensa mayoría de las Comunidades Autónomas se va a empezar el curso con unos horarios lectivos que exceden el horario recomendado.
El Propio MEFP, en su único ámbito de gestión, Ceuta y Melilla, sigue aplicando los recortes educativos y mantiene la ampliación del horario lectivo del profesorado echando por tierra todos los discursos de mejora de la calidad educativa en unos territorios ya de por sí muy castigado por ratios abusivas e ilegales. Ni siquiera aplica las recomendaciones de Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, aprobada por el gobierno actual.
Por último, aunque debe ocupar un lugar central en la preocupación de todo el mundo educativo, consideramos que uno de los retos fundamentales que se debe abordar este curso es la derogación definitiva de la LOMCE y su sustitución por una ley consensuada por todos los sectores que componen la Comunidad Educativa y basada en la participación del profesorado. Siendo de general aceptación que no puede continuar la sustitución de unas leyes orgánicas por otras, en función del partido que gobierne en cada momento, consideramos prioritario que la nueva ley, nazca fruto de un consenso que asegure su permanencia en el tiempo. En este sentido, desde la Confederación de STEs-i creemos que en este curso debe iniciarse, en el seno de las instituciones en las que estamos presentes quienes representamos a los diferentes sectores de la Comunidad Educativa, los trabajos que sienten las bases de una nueva ley educativa que defienda y construya una educación pública para todas y para todos, gratuita, laica y participativa.
Para ello, tanto los representantes de las familias, como del profesorado y el alumnado de la Enseñanza Pública tenemos consensuados documentos, que deben ser la base de la negociación de la nueva ley que sustituya a la LOMCE.
SITUACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID
En la Comunidad de Madrid se está preparando un nuevo ciclo de movilización. Un amplio arco de organizaciones sindicales hemos convocado, para el próximo día 17, una asamblea regional de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza en la que se determinarán las acciones con las que plantar cara a las políticas del gobierno regional, que vienen caracterizándose por consolidar los recortes y propiciar nuevas agresiones contra la red pública.
Tras la promulgación de la Ley 4/2019 no se ha hecho ningún gesto que permita entrever que se van a recuperar las plantillas recortadas durante las últimas legislaturas. Lejos de devolver derechos perdidos y de recuperar las bases materiales para propiciar a debida atención a la diversidad, se propician nuevas agresiones contra la enseñanza pública.
La Administración regional, que lleva tiempo restringiendo la oferta de plazas públicas, retrasando la entrega de infraestructuras, generalizando la FP Dual y manteniendo la gestión privada de numerosas escuelas infantiles de titularidad pública, plantea ahora, como medida estelar de gobierno, la implementación de un cheque escolar para cursar enseñanzas post-obligatorias. Denunciamos ese cheque escolar como un nuevo giro de tuerca en el trasvase de fondos públicos a intereses privados. Va más allá, incluso, que la política de conciertos, en la medida que pone el dinero de todos en manos de patronales privadas, sin que esos fondos tengan que estar destinados a sufragar el salario de sus empleados, y oficializa una nueva forma de copago a los usuarios. Nos parece una broma pesada que se invoque el principio de la Libertad, cuando estas políticas suponen quitar recursos a quien más lo necesita y propiciar un adoctrinamiento en valores conservadores.
Llamamos, por tanto, al profesorado y al resto de la comunidad educativa a aprestarse a resistir a tales políticas, y a seguir construyendo acuerdos sobre los que elaborar un modelo alternativo de escuela democrática, laica y de calidad.
Secretariado de STEs-intersindical
3 de septiembre de 2019