Desde el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Madrid (STEM-STEs i), queremos manifestar toda nuestra solidaridad con un compañero docente, Miguel Ángel Pinilla, director del Colegio Público Fuente del Palomar de Alcorcón, que ha sido sancionado con un período de suspensión de empleo y sueldo, imputándole una falta grave por desobediencia según consta en el expediente incoado. De no prosperar el recurso interpuesto, esa falta figuraría en su expediente durante dos años.
El cargo de Falta Grave, según la Consejería, deriva de la incomparecencia de dos tutoras a una reunión con la Inspección, en la que se les leerían instrucciones para la realización de las pruebas externas de la LOMCE del curso pasado. El Director alega que el motivo de la incomparecencia fue primar la atención al alumnado, disponiendo que dichas tutoras cubrieran la sustitución de profesorado ausente.
Resulta paradójico que esta misma Consejería, a la que se le llena la boca hablando del Derecho a la Educación del alumnado -cuando, por ejemplo, se convocan huelgas-, prime la presencia del personal en una reunión en la que no se preveía toma de decisiones o acuerdo alguno, y en la que la información podía suministrarse, perfectamente, con el envío de una circular por escrito.
No menos paradójico es que esta Consejería, que se ampara en la LOMCE para generalizar un tipo de gestión cuasi empresarial de los centros, con equipos directivos dotados de un poder formidable y unos órganos colegiados de participación reducidos a un papel marginal, no considere que la decisión del equipo directivo entra dentro de sus atribuciones.
Del mismo modo esta Consejería, que proclama la Autonomía de los centros a muchos efectos (normalmente, cuando se trata de singularizar, desregular, segregar), considere desobediencia el hecho de que no acudiera el equipo docente para rendir homenaje y pleitesía.
En el seno de la comunidad educativa existe la sospecha de que esta actuación deriva de la posición crítica hacia las políticas de la Consejería, que nuestro compañero ha manifestado en diversas ocasiones. No sería la primera vez en que se denuncia el uso de sanciones administrativas para amedrentar, domesticar y silenciar la disidencia.
Desde STEM, instamos a la Consejería a que se revisen éste y otros expedientes anteriores y que sean levantadas las sanciones. Consideramos que el gobierno regional que resulte de las próximas elecciones del 26 de mayo, sea cual sea su color, debe dejar de lado estas prácticas represivas y hacer que los valores democráticos, el respeto a los derechos laborales, las pluralidad y la participación sean su estandarte inequívoco.
En Madrid, a 10 de mayo de 2019
La Secretaría de STEM