Como todos los meses de junio, llegan al STEM un importante número de quejas de participantes en procesos selectivos. Esta historia interminable es algo más que un error reiterado de gestión, y lo que lo pone una vez más de manifiesto son las deficiencias del actual sistema de acceso
Sólo caben dos actuaciones ante todo ello. Desde STEM, apelar a la Consejería para que, procediendo de oficio, ponga los medios para garantizar la corrección del procedimiento. Desde l@s propi@s aspirantes, que como parte directamente interesada en el acto administrativo, son quienes están facultados para solicitar la impugnación de las pruebas, la posibilidad de dirigirse por escrito a la DG de Recursos Humanos, exponiendo los motivos y pidiendo las medidas oportunas, incluida la repetición de aquellas. Debemos informar de que la jurisprudencia al respecto es claramente adversa. De todas las quejas que nos han llegado, posiblemente lo que tiene más recorrido son errores groseros de forma (especialmente en lo que atañe al plazo de 48 horas de antelación para las citaciones.). De igual manera, aquellas situaciones que revelan disparidades de criterios entre tribunales de la misma especialidad (por ejemplo, en lo referido a aportación de material por parte del opositor) podrían haber vulnerado los principios que rigen los procesos selectivos.
En relación a casos prácticos con un enunciado ambiguo, dejarían abierta una gama amplia de respuestas que pudieran resultar válidas. El problema se va a trasladar, pues, al turno de reclamaciones a las notas de la primera fase.
Un tema que viene siendo recurrente lo constituyen los indicios de que determinadas academias de preparación de oposiciones puedan contar con información privilegiada. Es algo que, de confirmarse, entraría de lleno en el terreno del Derecho Penal. Desde STEM, exhortamos a la Administración a que lleve a cabo la investigación interna que sea pertinente, con la que se pueda limpiar definitivamente cualquier sombra de sospecha o que, de corroborar los indicios que se apuntan, sirva para delimitar las responsabilidades.
Otro clásico en los procesos selectivos es lo que ocurre en las especialidades de Música y Artes Escénicas. El conocimiento personal entre examinadores y examinados propicia relaciones de clientelismo. La Administración es conocedora de la situación, y ya va siendo hora de que busque soluciones para atajar los repetidos fraudes. Este año, llegan denuncias sobre la pérdida del secreto de la identidad de los opositores antes de la apertura de plicas (en la especialidad de Viola, les obligaron a firmar en los sobre y leer los exámenes antes de la interpretación), o sobre cambios significativos de las calificaciones antes de abrirse plazo de reclamación.
La reclamación de calificaciones es un derecho incuestionable, pero habrá que estar atento a cómo atienden determinados tribunales esas reclamaciones. Sería muy paradójico que, tribunales tan excepcionalmente estrictos como para suspender a todos los aspirantes, fueran muy receptivos a las protestas y dieran paso a vuelcos significativos en las notas. De generalizarse ese fenómeno, habría que aplicar medidas correctoras que garanticen el anonimato del aspirante antes de la apertura de plicas.
Las causas últimas de estos problemas radican en propia naturaleza del sistema selectivo, que se limita a re-evaluar la formación inicial, que está demasiado desvinculado de la práctica docente, que tiene mucho de sorteo y que se realiza atropelladamente y con plazos demasiado ajustados. Los STEs pensamos que un modelo de acceso a la función pública docente más cercano a la realidad educativa debería estar vinculado, en mayor grado, a un concurso de méritos. Deploramos que la gestión de las listas de interinos (no olvidemos que son algo muy diferente al ingreso en la función pública, dado que dan acceso a empleos eventuales) siga dependiendo de esta auténtica lotería. Seguiremos exigiendo un sistema de acceso diferenciado para el profesorado interino que ya ha probado sobradamente su valía y, transitoriamente, un pacto de estabilidad que asegure el empleo a quienes ya vienen ejerciendo en el sector. Además, de cara a futuras convocatorias, es necesaria una reducción y adecuación a la práctica docente de los temarios de oposiciones.