El día 2 de septiembre, a altas horas de la madrugada y a través de la cuenta de correo de Educamadrid, se remitió una notificación según la cual, los días 2, 3, 4 y 7 de septiembre se va a realizar un test serológico a todos los docentes y personal de administración y servicios de los centros públicos y centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid. En dicha notificación se aclara que a cada docente se le asignado un día y franja horaria concreta que será transmitida por los directores y directoras al personal
de su centro.
Tenemos una gran preocupación respecto a:
1. Carecemos de base normativa sobre esta convocatoria. La única orientación escrita la constituye la nota emitida el pasado 26 de agosto por la Dirección General de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid Ver que, en el segundo párrafo de la segunda página señala que El plan del Gobierno regional, elaborado conjuntamente por las c 
onsejerías de Sanidad y Educación y Juventud, contempla la prueba voluntaria de test de anticuerpos a los docentes y personal de apoyo de los centros madrileños sostenidos con fondos públicos, que se realizará a más de 100.000 profesionales y se completará con un PCR en el caso de los que los resultados fueran positivos.
El vacío legal resultante está provocando una seria incertidumbre entre el profesorado, que no tiene constancia de en qué responsabilidad legal incurriría en el supuesto de no suscribir la hoja de consentimiento.
2. La convocatoria al profesorado mediante un correo electrónico remitido a lo largo de la madrugada del 2 de septiembre no respeta, ni tan siquiera, las 48 horas de plazo para la convocatoria de cualquier acto administrativo.
3. Deploramos que la realización de estas pruebas haya sido externalizada a la empresa Rivera Salud, tanto en lo que respecta a la privatización de servicios públicos esenciales, como por que los riesgos hacia la privacidad que representa el poner en manos de empresas privadas datos médicos sensibles. Una catástrofe como la ocasionada por esta pandemia no debería ser un instrumento para mejorar las cuentas de resultados de grandes empresas.
4. La información que nos está llegando sobre la aglomeración de personal docente ante los centros que realizan los test, a pesar de haber acotado diferentes franjas horarias, nos resultan altamente preocupantes. El hecho de que no haya existido una mínima previsión por parte de la Administración, habiendo tenido todo un verano por medio, y que se termine llamando a decenas de miles de docentes, en el curso de cuatro días, a la realización de pruebas, motiva la congregación de numerosísimas personas, extrema los riesgos de extensión del virus y la posibilidad de que, con el retorno a las aulas, los centros educativos constituyan un foco de contagio de primera magnitud. Creemos, incluso, que la Administración podía estar incurriendo en responsabilidades penales por este hecho.
5. Que, dado que está prevista una asignación extraordinaria de profesorado la próxima semana, estos controles sanitarios podrían excluir a un porcentaje importante de las plantillas, lo cual pondría en entredicho su eficacia a la hora de garantizar la salud de trabajadores y alumnado
Por todo ello, exigimos que la Administración que proporcione una base normativa a sus actuaciones, ampliando el plazo temporal para efectuar los test y y que se negocie con los servicios públicos de salud la puesta en marcha de este servicio..