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Los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza están llamados a la huelga coincidiendo con el día de realización de las evaluaciones externas en su centro. STEM, junto con otras organizaciones sindicales, brindamos cobertura legal para parar los días 24 y 25 de abril en Secundaria, y los días 26 o 27 de abril, 7 y 8 de mayo en Primaria. Este preaviso cubre tanto a las plantillas de la red pública, como de los centros privados o privados concertados.

Ésto es un pequeño paso dentro de una larga movilización.

Ante todo, hemos procurado buscar la unidad de las diversas organizaciones defensoras de la Escuela Pública. Desde STEM, consideramos que esta convocatoria debería ir más allá del objetivo de dar cobertura al legítimo derecho de much@s trabajador@s a no colaborar con una labor en contra de su conciencia. Cuando llamamos a la acción, intentamos asegurarnos de que provoque un daño económico o político al antagonista, que pueda forzar a la negociación de unas reivindicaciones y que, por tanto, sea una acción útil.

Para empezar, el boicot a las pruebas externas lo entroncamosen la propuesta de resistencia a la aplicación de la LOMCE desde los centros de trabajo, que lanzamos hace años (ver Guía para la resistencia a la LOMCE).

En segundo lugar, lo vemos como parte de la movilización estatal, propuesta por la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, contra la LOMCE y los recortes. Movilización que, a su vez, pueda representar el arranque de una lucha más contundente en los siguientes meses.

Por último, en un contexto de crisis política en la Comunidad de Madrid y de repunte de las movilizaciones populares, creemos imprescindible que los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza pongamos de manifiesto nuestro rechazo contra el modelo de escuela liberal que intenta imponer la Administración del PP, y la oposición a cuantos ataques hacia nuestras condiciones de trabajo venimos sufriendo.

Hay muchas razones para echar arena en el engranaje de las evaluaciones externas. Aun cuando el profesorado no estuviera obligado a cuidarlas, nos seguiríamos oponiendo a su realización.

  • No son necesarias para detectar la existencia de desfases educativos o problemas sociales.

  • No son pruebas fiables: se registra una enorme variabilidad de los resultados en el seno del mismo centro. Tampoco cuentan con la perspectiva temporal que es necesario aplicar a las estadísticas.

  • Cualquier prueba externa debería servir para solucionar desigualdades, no para hacer rankings de centros u otros usos perversos. Rechazamos que se publiquen los resultados sin relacionarlos con el contexto social y cultural del entorno.

  • En la medida que se cede su gestión a empresas privadas, es un peldaño más hacia la mercantilización, externalización y privatización de servicios esenciales. Nos preocupa que información personal de los cuestionarios de contexto acaba siendo manejada por empresas privadas.

Seguimos exigiendo la derogación de la LOMCE

Durante los años anteriores, la comunidad educativa puso de manifiesto, a través de huelgas y manifestaciones masivas, su rechazo a la Ley Wert y sus desarrollos. La subcomisión del Congreso de los Diputados, encargada de buscar un Acuerdo Educativo, ha agonizado sin lograr resultados palpables. Tenemos enfrente a un gobierno con, cada vez, tintes más autoritarios, acostumbrado a prescindir del Parlamento (recordemos que, en noviembre de 2016, el Ejecutivo bloqueó el trámite de la Proposición de Ley sobre la suspensión del calendario de implantación de la LOMCE, aprobada por una mayoría de la Cámara). Lejos de abrirse al diálogo, el PP patrocina iniciativas para convertir la escuela en un espacio para el más grosero adoctrinamiento (Religión como optativa de obligada oferta en Bachillerato, valores castrenses, nacionalismo de charanga y pandereta…).

Esta situación de bloqueo equivale a consolidar la situación que sufrimos: más privatización de la enseñanza, equipos directivos gestionando como empresarios, desregulación creciente del trabajo docente… Frente a un gobierno así, sólo nos queda la movilización y la resistencia en los centros de trabajo. Y, también, recordar a la oposición parlamentaria su compromiso contraído antes de las elecciones: iban a derogar la LOMCE en el momento en que el PP no tuviera mayoría absoluta. Las organizaciones que representan a la comunidad educativa hemos llegado a acuerdos que constituyen la base sobre la que edificar una alternativa (ver Documento de Bases para una nueva Ley de Educación. Acuerdo Social y Político Educativo). Ahora le toca a las fuerzas políticas trabajar en una geometría parlamentaria audaz -que contaría con un amplio apoyo social- para revertir esta lamentable situación.

Esta huelga también exige la derogación del RDL 14/2012 y de la normativa autonómica que instituía los recortes en educación.

La derecha justificó los paquetes de recortes con el argumento de que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Ahora, los conservadores se atribuyen el mérito de la recuperación de algunas variables macroeconómicas y presumen de que España vuelve a ir bien. Pero los presupuestos siguen siendo restrictivos, no hemos recuperado las plantillas que había en la década anterior -a pesar de que tampoco eran suficientes para atender la diversidad-, las construcciones escolares se demoran lo suficiente para garantizar una cartera de clientes a la red privada, los horarios de secundaria siguen cerrándose muy por encima de las 20 horas lectivas, las ratios superan ampliamente lo marcado en ley…

Cualquiera con el suficiente sentido crítico se da cuenta que aquellos argumentos encubrían un propósito muy directo: degradar el servicio público, favorecer el crecimiento de la red privada, reducir el papel redistributivo de las Administraciones a la beneficencia y rematar la operación regalando el servicio a sus empresarios amigos. Por añadidura, atacando al empleado público también se socava un referente de trabajo estable y regulado.

Revertir los recortes supone, para la totalidad de la clase trabajadora, defender un importante salario indirecto. Revertir los recortes supone dar a los futuros trabajadores la oportunidad de adquirir saberes y herramientas intelectuales con las que poder defenderse mejor. Revertir los recortes da más oportunidades para extender un pensamiento crítico, capaz de contrarrestar la deriva autoritaria que sufrimos.