La situación de los equipos de orientación en la Comunidad de Madrid.
La vulneración del derecho universal a la orientación
Los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (E.O.E.P.) son los responsables de la orientación en las etapas en los centros de educación Infantil y Primaria. Tienen carácter interdisciplinar y están constituidos por profesionales especializados: Orientadores, Profesores Técnicos de Servicios a la Comunidad y, en algunos casos, Maestros especialistas en Audición y Lenguaje, en Pedagogía Terapéutica.
Estos equipos tienen encomendadas funciones en un marco socio-comunitario que tienen que ver con la intervención en el sector de su ámbito (coordinación con otros servicios educativos, sanitario, sociales, municipales, etc.), con el asesoramiento a los centros educativos (profesorado, familias, proceso enseñanza aprendizaje) y con la detección e identificación de necesidades específicas de apoyo educativo.
Las condiciones en las que desarrollan su labor son reflejo de la situación de abandono de la atención a la diversidad en los centros educativos en la comunidad de Madrid.
Por un lado, nos encontramos con las plantillas de Orientadores y de Profesores Técnicos de Servicios a la Comunidad congeladas desde el año 2003 –con pequeñas excepciones, que se han podido producir puntualmente en algún equipo. La proporción de alumnado en general atendido por los profesionales de la orientación socio-educativa, es superior a 1000 alumnos, alejándose considerablemente de la ratio recomendada por la UNESCO y otras instituciones (1:250 alumnos/as)
Y por otro lado se constata una falta de regulación normativa, que sitúe la orientación como derecho en el marco de una educación inclusiva.
La precariedad de esta situación y el desinterés por parte de la Administración, conlleva:
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Una reducción significativa de la frecuencia de atención a los centros, que por ejemplo hace en estos momentos sea excepcional que un centro preferente sea atendido dos veces por semana, como señala la normativa vigente.
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Una dificultad para desarrollar todas las funciones que tienen encomendadas, dado el volumen de evaluaciones psicopedagógicas que estos profesionales tienen que realizar.
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Esta falta de regulación supone también un estancamiento en un modelo intervención propio del pasado siglo, que pone la mirada en el déficit del alumnado y no en una respuesta educativa inclusiva
Sin embargo, la respuesta por parte de la Administración consiste en concertar la orientación en Primaria a los centros de titularidad privada, con el siguiente riesgo para la equidad, la objetividad y neutralidad en el desarrollo de la función orientadora.
La orientación es un derecho de todas y todos. Como servicio público, es también, un elemento que contribuye a la mejora de la calidad de los procesos educativos, entendiendo que la atención educativa va más allá del centro escolar y requiere una intervención en red socio-comunitaria.
Dotemos, por tanto, de mayores recursos a estos servicios públicos para que puedan desarrollar con mayores garantías el derecho a la función pública de la orientación, fundamental para asegurar la calidad y la equidad de la educación.