La campaña lanzada desde la extrema derecha hispana en favor de un supuesto derecho de las familias a velar por la educación que reciben sus hijos es algo más que un simple mimetismo de lo que sus secuaces en Estados Unidos o Brasil vienen realizando con un relativo éxito. Actuando desde el bulo y la tergiversación, se siembra la sospecha sobre la escuela pública, se criminaliza al colectivo docente y, con ello, dibujan una trinchera que rompa los lazos de clase y enfrente estamento contra estamento.

El ataque es muy cobarde. Sigue la vieja táctica de tirar la piedra y esconder la mano: denuncian prácticas estrafalarias (desde hablar de zoofilia en escuelas infantiles hasta masturbaciones colectivas en institutos) sin precisar nunca dónde pasa eso, porque saben de sobra que, de hacerlo, tendrían que comparecer ante los juzgados por difamación. Los Consejeros de Educación de comunidades gobernados por la derecha, por eso mismo, se han apresurado a declarar que no tienen constancia de nada así ecapuchasn su ámbito.

Por situar la cuestión, comencemos diciendo que hay una amplia legislación y jurisprudencia que afirma el derecho del alumno a recibir una formación integral y deja sentado que las familias -al igual que un docente debe programar de acuerdo con la normativa- no pueden objetar en cuestiones curriculares. En cuanto a actividades complementarias, si estas son acordes con los objetivos transversales de la etapa educativa, están recogidas en programación de la materia y en PGA, son plenamente válidas. No se puede ocultar que se están teniendo noticias de presiones caciquiles sobre docentes, que pueden conducir a una suerte de autocensura. Tampoco podemos obviar que los Acuerdos con la Santa Sede contemplan que no se puede admitir en ninguna clase aquello que vaya contra la ética cristiana y que el Código Penal tipifica el Atentado contra los sentimientos religiosos (si: en España, en pleno siglo XXI, seguimos condenando por blasfemia…)

Los fascistas están poniendo a debate temas sobre los que existía un consenso social implícito (la igualdad de la mujer, el respeto a toda opción sexual, la igualdad de los seres humanos por encima de etnia y religión, el reconocimiento a quienes defendieron la democracia contra el fascismo, etc.). Logran así que gente que nunca se hubiera atrevido a posicionarse públicamente al respecto se reconozca en otros, se sienta respaldado y cierre filas en torno a sus banderas. Esa batalla contra el marxismo cultural y la ideología de género termina por convertir en ideas hegemónicas un curioso término medio entre fascismo y democracia, recurriendo a la falsa argumentación de los extremos se tocan.

Los reaccionarios, además, siempre han hecho suyo el grito de Millán Astray. Sus ancestros combatieron el pensamiento crítico y el laicismo, despreciaron la libertad de cátedra y todo aquello que aportara Luces en su España Negra. Son los herederos de aquellos que, hace no tanto tiempo, pusieron un triste colofón a la Edad de Plata de la cultura española con la sangrienta purga y la depuración a fondo de la docencia. De tal palo, tal astilla.

Esta campaña les resulta útil también como cortina de humo. Poniendo el foco de la atención en una batalla cultural, aspectos tan escandalosos como el cheque bachillerato, la destrucción de la FP pública, los indicadores que señalan a la Comunidad de Madrid como una de las que menos dinero invierte por alumno, etc., pasan mucho más desapercibidos. No olvidemos de qué intereses económicos consituye la ultraderecha el brazo político, altavoz y perro guardián.

En el mismo momento en que  comenzó a hablarse de censura parental, los sindicatos que componen nuestra Confederación han salido al paso ante los medios y los grupos políticos con una respuesta clara. Es el caso de nuestro sindicato hermano de Andalucía https://ustea.es/new/wp-content/uploads/2019/12/guia-pin-definitiva_a4-1.pdf o los compañeros y compañeras de la Región Murciana https://www.eldiario.es/carnecruda/programas/Veto-parental-censura-aulas_6_986961309.html

Las organizaciones representativas de la Escuela Pública, ya sean de sus trabajadores, familias y estudiantes, hemos cerrado filas para denunciar esta situación. El martes 21 de enero, la Junta de Personal Docente de Madrid Oeste aprobaba por unanimidad una resolución contra el pin parental, logrando que los distintos sindicatos docentes salvaran sus diferencias ideológicas para defender las libertades básicas. 

No podemos retroceder en esta lucha. La resistencia debe comenzar en los propios centros docentes no autocensurándose, llevando a claustro y consejo escolar cualquier caso de claudicación ante las presiones y ejerciendo, desde la legalidad, pero también desde el compromiso democrático, una docencia que proporcione a las nuevas generaciones herramientas para el ejercicio de su libertad.

Son una minoría y sólo pueden ganar si nos atemorizamos.

La Secretaría de STEM

En Madrid, a 24 de enero de 2020

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